Enrique Toledo Hernández

Punto Fijo

Por Enrique Toledo Hernández
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Tensión insalvable

E l pasado miércoles 11 de noviembre recibí la última versión del proyecto de ley que intenta instrumentalizar la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Queda claro el interés obsceno de los acreedores y la tensión insalvable que tiene con el interés público. Si la negociación con los acreedores condujo a esa pieza legislativa, perdieron tanto los acreedores (por avariciosos) y, peor aun, el interés público.

El interés de los acreedores se ampara en una supuesta “profesionalización” para contener la partidización de la Autoridad. La partidización de la corporación, como del resto del gobierno, es real y muy nociva para el interés público porque terminan los partidos sirviéndose de lo público (que es una especie de priva(r)-tización).

Empero, la propuesta acreedora, aprovechándose de esta situación, y que es un problema de tipo político y no técnico, es priva(r)-tizar las decisiones de la Junta de Gobierno para asegurar primordialmente sus intereses.

Actualmente, la Junta está compuesta por 9 miembros de los cuales: cuatro son seleccionados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado; tres son elegidos por los consumidores (dos residenciales y un industrial-comercial); y dos ex-officio que son los secretarios de los departamentos de Transportación y Desarrollo Económico. Todos los miembros pasan por algún tipo de escrutinio público, ya sea mediante vistas públicas o elecciones entre consumidores.

En cambio, la propuesta actual de restructuración de la Autoridad establece 7 miembros. Solo uno será electo por los consumidores. Los otros 6 son nombrados por el gobernador de una lista que presentará una empresa privada contratada de “búsqueda de talento ejecutivo para juntas directivas en la industria de la energía en instituciones de tamaño, complejidad y riesgos similares a la Autoridad […] con no menos de diez (10) años de experiencia en su campo.”

¿Quién cumple estos criterios en PR? Sumémosle que tienen que cumplir con las certificaciones de deuda del Departamento de Hacienda, del Centro de Recaudos de Ingresos Municipales (CRIM) y de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), además de no aportar dinero a partido político alguno o de haberse postulado a cargo público o participado en campaña política en los últimos ocho años.

Estos criterios excluyen a los puertorriqueños pues a un no-residente en Puerto Rico no le aplican la leyes de pago de Hacienda, ni del CRIM, ni de ASUME y no se vincula políticamente en el país. Como está redactado este proyecto es totalmente discriminatorio.

Por supuesto, esta redacción no viene de un legislador del patio puesto que no regalaría su poder que ejerce mediante la Asamblea Legislativa. Es una redacción que viene de los acreedores. Con este diseño, una firma acreedora puede influenciar el nombramiento que realice el gobernador a la Junta de la Autoridad, sin pasar por el consentimiento del Senado, mediante jugosas aportaciones a su campaña política.

Detrás de la “profesionalización” de la Junta (o, más bien, de su des-puertorriqueñización), no se elimina la partidización. más bien se fortalece, debilitándose el control público de la Autoridad y fomentando otra lógicas corruptas más perversas.

Como modelo de negocio, esa Junta “externa” tendrá dos instancias que determinan el precio final del servicio eléctrico y que no controla. En el anteproyecto, toda alza tarifaria debe aprobarla la Comisión de Energía vía un proceso, que si bien es interesante (porque pretende evitar irracionalidades y “marroneos” tarifarios) es engorroso. Además, el anteproyecto crea la corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde los acreedores están “invirtiendo” en ella para pagar su propia deuda. A cambio, la corporación determina una “tarifa de transición” para el pago de la deuda (aparte de la eléctrica) para garantizarle la rentabilidad perdida que tuvieron al aceptar rebajarla. Tal corporación asegura que los acreedores ganen más a largo plazo mediante la determinación esa “tarifa de transición” ajustable en cualquier momento.

Con la pérdida de consumidores (por la emigración) y con dos instancias independientes (a esa Junta “externa”) que determinan el precio final del servicio eléctrico ¿cree usted que la reestructuración cumplirá sus objetivos?

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