Rafael Cox Alomar

Punto de vista

Por Rafael Cox Alomar
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Territorio Incorporado: purgatorio colonial

Y mientras en Washington la atención del Congreso gravita alrededor del casi imparable residenciamiento del presidente Donald Trump y del inminente tranque político que tal acción presupondrá, por allá apareció la comisionada residente Jennifer González presentando en sociedad su natimuerto proyecto de territorio incorporado.

¿Y qué es el territorio incorporado?

Una especie de purgatorio colonial, conforme el cual los puertorriqueños se verían en la obligación de pagar absolutamente todos los impuestos federales que hoy no pagan, sin voto presidencial y sin representación alguna en el Congreso (más allá de Jennifer). Dicho de otra manera, el territorio incorporado es más impuestos a cambio de nada y por tiempo indefinido. 

¿Pero el proyecto de la comisionada establece que seríamos un territorio incorporado solamente por un máximo de 30 meses?

Tal representación es de dudosa constitucionalidad porque para propósitos de las condiciones de entrada de un territorio a la Unión, un Congreso no puede maniatar a otro Congreso. Más aún, como cuestión de política pública federal la norma ha sido que los territorios organizados a los cuales el Congreso les ha hecho una promesa de estadidad han tenido que esperar mucho más de 30 meses para acceder a la Unión en igualdad de condiciones con sus pares; ahí los casos de Alaska (47 años), Hawái (61 años) y Arizona (49 años) por solo mencionar algunos. 

¿Y por qué el PNP ya no habla de estadidad ahora?

Porque sabe que a la estadidad se le acabó la gasolina en Washington. Tan es así que Jenniffer González ya no habla de estadidad ahora, sino de estadidad en un rato. 

¿Y qué del Plan Tenesí y de la Comisión de Igualdad?

Enterrados en la misma fosa donde yacen los huesos del proyecto Young, del proyecto Serrano-Fortuño, del infame proyecto Tydings de 1936, de los dos proyectos de estadidad del entonces comisionado Santiago Iglesias Pantín de 1934 y 1935 e inclusive del proyecto de incorporación del senador Willard Saulsbury de 1914.

¿Y por qué la comisionada insiste en realizar una consulta estadidad si o no el mismo día de las elecciones de 2020?

Porque de lo que se trata es de repetir la misma tramoya de 2012, cuando el entonces gobernador Luis Fortuño, en un intento por sacar a votar a su base política, vino con la idea de amarrar la elección a la estadidad. Vano empeño. Ni le funcionó a Fortuño ni le funcionará a Jennifer, cuyas intenciones de buscar la gobernación han quedado a la vista de todos.             

¿Y cuál es el miedo de medir la estadidad contra otras opciones? ¿Por qué limitar la consulta a una selección entre estadidad si o no?

Porque quieren impedir que Washington sepa que aquí no hay tal cosa como una supermayoría en favor de la estadidad. Porque intentan crear la impresión de que la estadidad es inevitable y de que aquí todos abogamos por ella. Porque conspiran para desnacionalizar a Puerto Rico, anclados en una lectura sesgada de nuestra historia. Porque ansían hacerle creer al Congreso que aquí somos un reguerete de gente cuya identidad toma concreción únicamente a través de la ciudadanía americana; que aquí no hay ninguna nación; que somos lo mismo que en su día fueron Alaska y Hawái: un territorio lleno de sumisos nativos quienes en genuflexión ruegan cada día por la llegada de la estadidad y sus ríos de leche y de miel. Contra tal insolencia hay que luchar.  

¿Y cómo?

Hablando con la verdad; despertando al soberanismo de su letargo; activándolo desde la convergencia entre libre asociacionistas e independentistas; trabando alianzas tácticas con los centros académicos de pensamiento y de política pública a través de los Estados Unidos y el mundo; convergiendo con la diáspora; en fin, articulando una estrategia.    

   

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