Ingrid Vila Biaggi

Tribuna invitada

Por Ingrid Vila Biaggi
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El Gobierno ha perdido unos meses preciosos en la confección de un Plan de Ajuste Fiscal que, en sus lineamientos, es muy similar al informe preparado por Ann Krueger. Ese tiempo, que debió utilizarse para recuperar la confianza de la ciudadanía y darle sentido de dirección al País, se esfumó en una madeja de ejercicios publicitarios que no hicieron sino poner de manifiesto las serias deficiencias de las medidas propuestas por el Gobierno.

El elemento fiscal, no hay duda, es un aspecto fundamental de la crisis actual, pero limitar la discusión y las alternativas al lenguaje del tecnicismo financiero, sin vincularlo a otras facetas de nuestra vida en sociedad, resulta irresponsable y peligroso.

De una parte, el plan presenta propuestas obvias: la renegociación de la deuda, la eliminación de las leyes de cabotaje y la paridad de fondos federales de salud. No obstante, guarda silencio en cuanto a las acciones necesarias para lograrlas. Y allí, donde el documento trata de definir estrategias, saltan a la vista las incongruencias y las limitaciones de un proyecto que sólo considera la perspectiva financiera y los intereses de los bonistas.

El Plan Donahue, por ejemplo, se quiere vender como la panacea energética. Sin embargo, lo que persigue es reforzar la estructura de absoluta dependencia a los combustibles fósiles que continuará sacando de nuestra economía $2,000 millones. Mientras Hawai se ha propuesto, para el 2045, que el 100% de su energía provenga de fuentes renovables, el Plan Donahue aspira a alcanzar el 15% para el 2035. Tras una larga negociación con los bonistas vamos a terminar con los mismos problemas con los que nos sentamos a la mesa.

La reforma laboral esbozada sufre de grandes contradicciones y levanta profundas preocupaciones. Una transformación en las relaciones obrero-patronales es necesaria, pero ésta no puede centrarse en la reducción de derechos adquiridos o en vulnerar aún más la ya precaria situación de los trabajadores jóvenes.

Si buscamos desarrollar nuevas condiciones de competitividad laboral, tenemos que comenzar por entender que la relación entre el empleado y el patrono no se puede reducir a la transacción de un cheque. Al patrono le conviene asegurar que las necesidades del empleado estén atendidas para que pueda rendir un trabajo productivo. Esto no se limita a proveerle herramientas y adiestramiento, sino que debe expandirse e incluir ofrecimientos que mejoren su vida personal y familiar, tales como centros de cuido accesibles y oportunidades para proseguir estudios. Para que haya calidad del trabajo tiene que haber calidad de vida.

Además, abordar la UPR como un tema exclusivamente fiscal, como hace el plan, es un error garrafal. Una UPR de excelencia, y accesible, debe ser punta de lanza en nuestra estrategia de desarrollo económico.

También preocupante es el afán por desmantelar lo público. El plan se propone institucionalizar el “fast track” y que las decisiones ambientales a nivel federal se conviertan en definitivas. Evaden atender el problema de raíz que es la influencia política en el Gobierno y descartan de plano el conocimiento y poder local sobre nuestros recursos naturales: el “míster” decidirá. La protección del medio ambiente es un estorbo para los buitres que merodean. Lo fue también en los tiempos de la caña y las petroquímicas.

Un sector empresarial dinámico es fundamental para salir de la crisis, pero la privatización de servicios y activos, según propone el plan fiscal, implica una fuga del capital que actualmente circula en nuestra economía. Y en el caso de Puerto Rico, la privatización ha sido la estructura de los partidos para viabilizar el inversionismo político, dejándonos como estela una gran dosis de corrupción.

Por último, aparece el fantasma de la Junta de Control Fiscal como una aceptación tácita de la falta de competencia y credibilidad de un gobierno que delegará en oficiales no electos decisiones de envergadura que nos afectarán a todos. Esto es lo que le debe haber gustado al Tesoro federal. Sólo falta que se pida en Washington que nos vuelvan a nombrar un gobernador.

Los meses pasan, la crisis se agudiza, y es evidente que no existe sentido de urgencia. Comienza la carrera electorera. Mientras tanto el país continúa en espera. Tictac.

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