Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Tiempo de actuar, no de hablar

El vergonzoso incidente del almacén de suministros de Ponce es la gota que ha colmado la copa.

La destitución tardía de Carlos Acevedo de la dirección del Negociado de Manejo de Desastres —recordemos su pobrísimo desempeño tras el huracán María y el reclamo hecho en septiembre por varios exdirectores de la agencia para que se le removiera del cargo— no resuelve la grave situación de las familias desplazadas por el terremoto del 7 de enero y las continuas réplicas del sismo en varios municipios del sur.

La gobernadora Wanda Vázquez, cuyo récord de actuaciones tras María está aún en entredicho, hizo bien en destituir a Acevedo, pero eso no basta.

Es tiempo de actuar, no de seguir hablando. Las palabras solo sirven para acariciar el oído de los correligionarios, sobre todo desde que la gobernadora dejó de ser solo eso y se convirtió en candidata a fines de diciembre.

Nadie debe dudar, y seguramente ella ya lo sabe con certeza, que dirigir un gobierno en emergencia es más difícil y menos creíble cuando las actuaciones se miden con una vara partidista.

Vázquez asumió la gobernación en la cresta de la ola del verano del 19 que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Con su compromiso inicial y reiterado de que no sería candidata en 2020, apaciguó los ánimos de la ciudadanía.

Pero su decisión de postularse en busca de la nominación del Partido Nuevo Progresista para la gobernación cambió las cosas. Y la emergencia provocada en el suroeste por los temblores de tierra lo complicó todo.

Vázquez ya no puede dar marcha atrás, pero lo que sí puede hacer es deshacerse de la vestimenta azul penepé y desligarse del séquito de políticos que quieren acompañarla a todas partes para sacar provecho partidista de lo que es obligación gubernamental.

Debe poner a la legislatura a trabajar en vez de tener a los senadores y representantes de la mayoría pendientes de sus desplazamientos para ir a robar cámara. Sentarse a esperar por los fondos federales de emergencia no puede ser opción.

¿Cuántas medidas de alivio puede aprobar la Legislatura con carácter urgente para resolver las necesidades de vivienda, cuidado médico, atención sicológica de los afectados? ¿Alguien duda que la Junta de Supervisión Fiscal tendría que dar su visto bueno a esa legislación de emergencia?

No hay forma de saber si la incapacidad manifiesta del gobierno en este cuatrienio habría sido la misma en otras administraciones. Pero es el turno de Vázquez y es a ella a quien toca ponerle coto a la desesperanza.

Si sus acciones favorecen o perjudican sus opciones políticas, eventualmente se verá. Lo que nadie puede dudar es que ya no hay más tiempo para las palabras.


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