Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
💬 0

Título III de PROMESA: única salida

La fecha crítica para llegar a los acuerdos consensuales entre los bonistas y el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título VI de PROMESA ya venció sin haberse llegado a ningún convenio. La excepción es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien parece haber obtenido la modificación de un convenio anterior para reestructurar sus deudas con un grupo de bonistas, aseguradores y bancos, pero sujeto a condiciones olímpicas: poner orden al monopolio eléctrico del país y conseguir que las casas acreditadoras concedan una calificación crediticia de inversión (“investment grade rating”). Se desconoce el posible impacto que podrá tener tal acuerdo sobre el costo de energía.

Aunque las negociaciones con los bonistas y aseguradores de los bonos del gobierno (GO’s) y los de Cofina se condujeron al final con intensidad, ninguna agencia pudo pasar por el diminuto hueco de aguja que con tanta fanfarronería anunciaron los políticos bajo el Título VI.

Muchos se preguntan por qué nuestras negociaciones no resultaron en acuerdos voluntarios, como sucedió en el caso de Detroit, evitando así tener que radicar múltiples casos judiciales de quiebra para cada unidad del gobierno insolvente. Es bueno recordar que en Detroit se llevó a cabo la negociación por un “chief judge” del distrito quien actuó de mediador y negociador paralelamente y dentro del caso judicial de la corte de quiebra. Además, la negociación en Detroit se hizo bajo la amenaza de una especie de “cram-down” del plan, que podría modificar los acuerdos de los bonistas y acreedores, ya que el caso de quiebra bajo el Capítulo 9 estaba de antemano radicado y en proceso. En Puerto Rico la negociación voluntaria se hizo sin presión judicial alguna sobre los acreedores y bonistas por el Gobierno de Puerto Rico, ya que no teníamos un caso de quiebra radicado con la posibilidad de forzar a los bonistas "holdouts" con la herramienta e incentivo de un "cram- down" judicial. Las llamadas “Collective Action Clauses” del Título VI no funcionaron para nada sin la ayuda del poder judicial. Además, en Detroit el verdadero objetivo era reducir los beneficios de los empleados, controlar las uniones y menguar las pensiones futuras; asunto que bajo el Título VI de PROMESA no tiene solución, pero que bajo el Título III será uno de los elementos más radicales y controversiales. 

Al final del día, en Puerto Rico nos queda la opción que ningún político local o federal quería tocar. O sea, un caso judicial de reestructuración de deuda y la homologación de un plan de ajuste supervisado por un tribunal federal de distrito; única solución que sobrevive. Al expirar la sombrilla y la protección de litigios y acciones contra los bienes del Gobierno que proveyó la paralización automática por los primeros seis meses de PROMESA, el último recurso consiste en radicar un caso judicial bajo el Título III de esta ley.

El propio gobernador Rosselló, en una entrevista reciente anunció “que no le quedaría otra salida que ir a los tribunales”. Sin embargo, la opción judicial del Título III no está en manos del ejecutivo local, sino que depende de una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un apéndice del Congreso, que es la única entidad que puede certificar y presentar un caso de quiebra y plan de ajuste de deuda bajo el Título III de PROMESA.

Todavía hay mucha confusión sobre las ventajas y peligros en el proceso judicial del Título III, opción legal que entra en juego al vencerse los términos para negociar de “buena fe” y luego de no poderse llegar a los acuerdos voluntarios bajo el Título VI. Tampoco se entiende claramente cuál es el rol del Gobierno y la Junta en todo este proceso judicial, ya que la Junta es quien lleva la voz cantante en el caso, quien actúa como representante de los intereses del Gobierno y de los acreedores y, quien constituye una especie de deudor en posesión y “trustee”.

Contrario al Título III de PROMESA, en un Capítulo 9 municipal el deudor es la entidad gubernamental municipal insolvente que radica el caso ante un juez de la corte de quiebra, y el que puede solicitar la aprobación de un plan de ajuste de las deudas gubernamentales. PROMESA le quita al Gobierno local cualquier injerencia o poder en el caso judicial y deposita su representación totalmente en la Junta de Supervisión desde el momento de radicarse el caso en la corte.

Además, no deben confundirse las funciones amplias de un juez de quiebra en un caso bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebra Federal, con los parámetros de acción más limitados que tiene un juez federal de distrito nombrado bajo PROMESA para presidir el caso de una agencia del Gobierno o del ELA.

PROMESA establece un proceso donde el juez federal que preside tiene sus parámetros de acción limitados básicamente a pasar juicio inicial sobre la legalidad de la radicación del caso judicial, emitir la orden admitiendo el caso, determinar la legalidad de las deudas y sus prioridades y la homologación o aprobación de un plan de ajuste de deudas. Contrario a un caso de reorganización corporativa bajo el Capítulo 11, donde el juez tiene más libertad para encontrar soluciones y hasta poderes en equidad bajo la sección 105 del Código de Quiebra Federal. O sea, las funciones judiciales bajo el Título III fueron bien limitadas y descritas por el Congreso, más bien parecidas a las funciones judiciales en un Capítulo 9 municipal.

A la vez, debe tenerse en mente que el Título III ofrece mejores oportunidades que el proceso extrajudicial del Título VI, ya que estimula el acuerdo con los bonistas y acreedores debido a la supervisión que provee el tribunal y la posibilidad de implantar el voto de la mayoría sobre los bonistas disidentes y modificar sus obligaciones con la aprobación judicial. Además, contrario al Título VI, bajo el Título III se trata de reestructurar la deuda de formatotalde cada unidad de gobierno insolvente; y se tiene la enorme ventaja de la experiencia judicial y el uso de la jurisprudencia e interpretación del código de quiebra federal en los casos de Capítulo 9 y 11, creada por los tribunales especializados de quiebra de los Estados Unidos.

Sin embargo, las poderosas herramientas que puede proveer el Título III de PROMESA para resolver el problema del sobreendeudamiento de Puerto Rico no están en manos directas del Gobierno local, sino que dependen de la competencia, astucia e integridad de la Junta de Supervisión, quien es la entidad que representa y toma el lugar del Gobierno de Puerto Rico en todos los trámites ante el tribunal especial de quiebra.

Desafortunadamente, las enormes ventajas que ofrece PROMESA, al permitir la reestructuración retroactiva de la deuda del gobierno central, agencias y municipios, han quedado en parte desvirtuadas por la imposición congresional de medidas anacrónicas y antidemocráticas que delegan la soberanía de la Isla a manos de un comité no electo con capacidad legal para revocar decisiones de la Legislatura y del gobernador local, y por los conflictos levantados contra algunos de los miembros de la Junta y sus asesores contratados.

En conclusión, la única forma que Puerto Rico podrá reestructurar su deuda pública de una forma justa, equitativa y eficiente es dependiendo de los tribunales. Por tal razón, resulta indispensable en esta etapa del proceso contar con la participación de un poder judicial con total independencia de criterio, apolítico y con gran iniciativa, tanto a nivel federal como local. En sus manos queda el futuro económico de la Isla.

Otras columnas de Gerardo A. Carlo-Altieri

miércoles, 21 de noviembre de 2018

¿En dónde estamos con Cofina?

El exjuez Gerardo Carlo Altieri explica la decisión del Tribunal de Promesa en en torno a la Declaración Informativa sobre el Acuerdo de la deuda de Cofina

martes, 20 de noviembre de 2018

El Acuerdo de Cofina

El licenciado Gerardo Carlo resume objeciones presentadas por varias entidades sobre el Acuerdo entre el gobierno y los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante que se ventilarán en audiencias señaladas a corto plazo ante la jueza Laura Taylor Swain

viernes, 16 de noviembre de 2018

El dilema sobre la Junta de Supervisión

El exjuez Gerardo Carlo señala que aún los especialistas del derecho concursal tradicional no “saben nada” sobre los procesos que se desarrollan bajo la ley Promesa

lunes, 12 de noviembre de 2018

Promesa no resolverá la crisis

El licenciado Gerardo Carlo advierte que, a pesar de planes de ajustes de deuda surgidos como parte de la ley Promesa, sin una verdadera reforma contributiva será cuesta arriba resolver la crisis sistémica y estructural de Puerto Rico

💬Ver 0 comentarios