Kenneth Rivera Robles

Tribuna Invitada

Por Kenneth Rivera Robles
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Tocando fondos

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Una de las situaciones más preocupantes de la crisis política que acabamos de atravesar es que se limitara el acceso local a fondos federales. En nuestra situación actual, la isla tiene una gran dependencia de dichos fondos. Debemos recordar que el nivel promedio de ingreso de nuestros residentes es menor al de los residentes de otros estados. Según datos del Censo, para el año 2017 la media de ingreso de un hogar en EE.UU. era de $60,633, mientras que en Puerto Rico era $19,343. Además, en muchos casos el acceso que tienen los residentes de Puerto Rico a dichos fondos es menor que el acceso que se tiene por los residentes de EE.UU.

Debemos recordar que el acceso a estos fondos es algo complicado. Para que haya desembolso de fondos, lo primero que hace falta es una ley donde se haga la apropiación de dichos fondos, para que sean separados en un fondo global. Luego, identifican los proyectos a ser financiados y hacen una atribución (“allocation”) de fondos. Después, hacen un compromiso formal conocido como un “obligation” y luego es que se pueden desembolsar los fondos.

En este momento probablemente los fondos más críticos para la isla son para reconstrucción, servicios médicos y programas de alimentos.

FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN. Un informe del General Accountability Office (GAO) publicado en marzo de 2019 estima en $132 millones los daños causados por los huracanes Irma y María. Se estima que los fondos federales de reconstrucción rondan los $83 billones, de esta cantidad $49 billones provienen de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) $20 billones provienen del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) —esto incluye los fondos CDBG-DR de recuperación de desastres—, $8 billones de seguros privados y el remanente $6 billones de otros fondos. Se deben haber desembolsado unos $23 billones entre todos los fondos a la fecha de hoy. De dicha cantidad, $12 billones corresponden a pagos de FEMA de acuerdo al informe del GAO. Recientemente el presidente Donald Trump, mientras criticaba la gestión del gobierno local, mencionó que se habían desembolsado $92 billones, un número fuera de toda realidad. Aunque la cantidad era incorrecta, un ataque presidencial no es algo que debe tomarse a la ligera. Al final del día él es la persona que firma las leyes para distribuir los fondos. Para mitigar esta situación la comisionada residente, Jenniffer González, envió una carta el 24 de julio al presidente Trump solicitando que se establezca un coordinador federal para atender el manejo de estos fondos. También FEMA ha dicho que será más estricta antes de hacer desembolsos.

FONDOS DE SERVICIOS MÉDICOS

En el área de salud también Puerto Rico recibe menos fondos que los estados. Por ejemplo, en el caso de fondos de Medicaid, a las posesiones se les pone un tope en los beneficios (llamado el ajuste 1108) y el pareo requerido, conocido como el Federal Medical Assistance Percentages (FMAP, por sus siglas en inglés), es mayor al que se le requiere a los estados. En el caso de Puerto Rico, la aportación federal se limita a 55% del gasto. Esto hace necesaria una frecuente acción legislativa federal para ajustar los beneficios para programas de salud. A manera de ejemplo, el Bipartisan Budget Act of 2018 (BBA) le dio un respiro a Puerto Rico para acceso a fondos de Medicaid por 18 meses que terminan en septiembre de 2019. En los pasados meses varios grupos han cabildeado para que se extiendan los beneficios del BBA por 5 años con un aumento a la aportación federal (FMAP) a 83%. Sin embargo el 17 de julio de 2019, el Senado federal emitió una carta expresando preocupación por la crisis local y las alegaciones de corrupción, y solicitó una gran cantidad de información adicional previo a aprobar fondos adicionales. A solo un mes de la expiración de la concesión del BBA esto pone una presión terrible para logar un acuerdo para evitar este abismo fiscal.

FONDOS DE ALIMENTOS

Los estados participan en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y que es un “entitlement program” donde se provee el beneficio por cada persona elegible. Puerto Rico no participa en SNAP y en su lugar participa en el programa Nutrition Assistance Program (NAP, en inglés) que es una cantidad fija de dinero sin importar el número de beneficiarios. Para el año 2018 el bloque de NAP para Puerto Rico fue de $1.9 billones. Esto quiere decir que para poder cumplir con las limitaciones de la cantidad asignada, un beneficiario de NAP recibe menos que un beneficiario de SNAP. En un estudio de noviembre de 2017 del Center on Budget and Policy Priorities se estimó que en una familia de 5 personas, bajo SNAP se reciben $771 mensuales mientras que bajo NAP se reciben $499 mensuales. Luego del paso de los huracanes se hicieron unas asignaciones adicionales de NAP para Puerto Rico de $1.2 billones para usarse de marzo del 2018 a marzo del 2019. Dichas cantidades dieron un respiro a varias personas en la isla que tuvieron acceso a estos fondos. Se solicitó una asignación adicional de $600 millones la cual fue aprobada en junio como parte del Disaster Relief Act pero aún no ha sido desembolsada. Se espera que dicha cantidad se desembolse en cantidades de $50 millones mensuales hasta octubre del 2020. En el Disaster Relief Act también se asignaron $5 millones para un estudio que analice la viabilidad de incluir a Puerto Rico al programa de SNAP. Este estudio resulta sumamente importante pues proveería la información necesaria para tratar de mitigar estas diferencias.

Hay varias iniciativas en el Congreso federal que requieren acción inmediata y contundente para proteger y mantener estos fondos y beneficios. Exhortamos a las personas que terminen a cargo de estas áreas a prestar atención prioritaria a estos asuntos y que cuenten con el sector privado, que siempre está disponible para colaborar.

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