Héctor M. Pérez Acosta

Punto de vista

Por Héctor M. Pérez Acosta
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Todos alertas ante los carjackings

Imagine el lector el momento en que aborda su vehículo de motor, solo o acompañado de sus seres queridos y se apresta a asumir el control de la máquina para dirigirse al destino planeado. De repente se acerca, inesperadamente, un desconocido, apuntándole con un arma de fuego y exigiéndole, mediante gritos, amenaza e intimidación, la inmediata entrega del vehículo. Ocurre a diario en nuestro país, a cualquier hora. 

El impacto emocional que haya sufrido cualquier víctima sobreviviente de un “carjacking” o robo de carro a mano armada es, sin duda, una de las más desagradables experiencias que podríamos padecer. Quienes lo hayan experimentado, saben a lo que me refiero y quienes no, lo deben imaginar. Seguramente conocen de alguien cercano - pariente, amigo o conocido - a quien le ha ocurrido. Y es que, además de la amenaza contra la vida de uno y de sus seres queridos e independientemente de las consideraciones materiales, nuestro vehículo de motor constituye una extensión de nuestras personas, tal y como es nuestro hogar u otra de nuestras pertenencias que cuidamos con esmero por ser algo en lo que hemos invertido buena parte de nuestros recursos y de lo que dependemos para transportarnos, en mayor o menor grado.  

El ordenamiento penal le asigna al carjacking un importante rango entre aquellas situaciones que el Estado debe atender con mayor prioridad para neutralizarlas o controlarlas. Tanto en la esfera local como en la federal, está tipificado como delito grave, con severas penalidades. En Puerto Rico se atiende bajo la modalidad de “robo agravado”. Las autoridades federales, por su parte, usualmente investigan los casos de carjacking que culminan con heridos o muertos, en los que se puede imponer hasta la pena de muerte.  Sin embargo, han llegado a ampliar su jurisdicción para investigar y procesar los otros casos de carjacking que se reportan en la Isla.  

Son recurrentes los informes policiales en los que se enfatizan nuevos planes diseñados para atacar el problema, pero sin resultados concretos que nos permitan ver un éxito relativo en la lucha contra ese mal. Es frecuente escuchar o leer que, frente al despunte más reciente de carjackings en la isla, “la Policía asegura haber implementado un plan de seguridad dirigido a prevenir estos delitos y tratar de esclarecer aquellos ya cometidos”; que “se está haciendo un plan para las horas nocturnas, vigilando áreas cercanas a garajes de gasolina, cerca de los cajeros automáticos y en sitios de comida rápida donde la gente no toma las precauciones debidas o sacan dinero”; que “se dan muchos casos en que velan al individuo desde que se monta en el vehículo en la marquesina”; que “el carjacking es como el asesinato, que es difícil de prevenir”; que “están cazando a la víctima y buscan el momento más idóneo o a la persona más despistada”; que “también, se cercioran los criminales de que haya pocas probabilidades de que los arresten”.

Ante estas aseveraciones, sabemos que los recursos policiales son cada vez más reducidos. Además, los partes periodísticos, los informes policiales y las estadísticas nos demuestran lo distante que estamos de una solución o de un control razonable del problema.

Lo cierto es que no existe jurisdicción alguna en la que las autoridades gubernamentales, por sí solas, hayan podido erradicar este mal. En todo problema social de gran magnitud y de difícil solución, la cooperación de todos es imprescindible para enfrentarlo. Por eso en el caso de los carjackings, debemos preguntarnos qué podemos hacer en nuestro carácter personal. Nuestra vida está en juego. 

Debemos tener presente, según afirman las autoridades, que el carjacking es, como otros, un “crimen de oportunidad”. El delincuente ve que el ciudadano no crea conciencia del entorno en que está, no mira a los alrededores, tiene las puertas sin los seguros puestos y se estaciona en lugares oscuros, nos dicen. 

No obstante, aunque quisiéramos con gran denuedo, los ciudadanos no estamos, típicamente, preparados ni equipados para enfrentar solos, cual valientes y arrojados combatientes, situaciones como un carjacking. Es a las entidades del gobierno - estatal y federal - a quienes les compete fundamentalmente esta función. Para ello, deben continuamente planificar, desarrollar y aplicar el peritaje requerido y modificar técnicas y estrategias cuando sea preciso. No hay duda de que con los carjackings llegó el momento de modificar y re-dirigir recursos y estrategias, incluyendo  la adecuada y continua orientación a los ciudadanos. 




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