Carlos E. Ramos González

Punto de vista

Por Carlos E. Ramos González
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Toque de queda desde la oscuridad

Es obligación de todo gobierno constituido velar por la salud, el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Esa es la razón de estado fundamental. La Constitución y las leyes de Puerto Rico, autorizadas o no por el Congreso que usurpa nuestra soberanía, no pueden impedir la existencia de esta obligación. Se trata de un poder inherente a la existencia misma del gobierno.

Aunque parezca contradictorio, el ejercicio de estos poderes inherentes puede ser muy peligroso. De ahí que puedan ser impugnados en los tribunales justamente para dilucidar si se han utilizados de forma equivocada y abusiva. Su mal uso puede ser cuestionado precisamente para calibrar la constitucionalidad y legalidad de una acción tomada so color de poderes inherentes.

Las acciones del gobierno frente a la calamidad mundial de salud que enfrentamos tienen que verse dentro del contexto antes afirmado. La Constitución no contiene disposición alguna sobre la imposición de un toque de queda. Por tanto, la acción de la rama ejecutiva a través de la gobernadora no tiene apoyo textual constitucional expreso. Existen varias disposiciones constitucionales para enfrentar situaciones de emergencia nacional, pero están vinculadas a situaciones de rebelión, insurrección e invasión. Estas incluyen la ley marcial y la suspensión del recurso de habeas corpus

Para emergencias nacionales y mundiales de salud que conlleven limitaciones a los derechos fundamentales de los habitantes de este país, existe el Artículo II, sección 19 de la Carta de Derechos. Esta sección establece que la protección amplia y liberal de derechos de esta Carta puede ser limitada por la Asamblea Legislativa aprobando leyes en situaciones de protección de vida, salud y bienestar general. Este rol de la Asamblea Legislativa esta presente también en cualquier decreto de ley marcial o suspensión del habeas corpus. La Constitución involucra de forma obligatoria a esta rama de gobierno. Es un contrapeso esencial para evitar abusos o equivocaciones de la rama ejecutiva al actuar en situaciones como la que enfrentamos.

La Asamblea Legislativa tiene una obligación constitucional en esta emergencia de salud. Pero, cuidado. Esta rama de gobierno no son los presidentes de los cuerpos. La obligación y deber es de estos funcionarios y del pleno de los cuerpos representativos. En vez de recesar, deben estar en reunión permanente para reunirse en el lugar y forma que sea apropiada conforme autoriza la misma constitución en Artículo VI, sección 17. Esta es la forma de enfrentar y salvar los problemas constitucionales de las acciones ejecutivas que toma la gobernadora. 

No abrigo mucha esperanza, pero anhelo que las ramas ejecutiva y legislativa puedan vivir a la altura de los tiempos. Su trayectoria de actuar en la oscuridad y falta de transparencia avivan mi pesimismo. No obstante, esta es la ocasión para rectificar y abrirse a las recomendaciones de la sociedad civil. Sometan al escrutinio publico y aclaren los cuestionamientos que ha generado la más reciente orden ejecutiva. Todos queremos colaborar. Los países que han tomado medidas draconianas contra el virus, parten de una premisa que Puerto Rico no ha establecido. Los toques de queda, cierre de fronteras, medidas de aislamiento social y otras persiguen detener el tope o peak de la curva de crecimiento de la enfermedad. Aquí no sabemos aún ni cuál es la curva.

Se ha querido ser preventivo. Bien hecho. Pero no pretenda la rama ejecutiva hacerlo solo y tratando de crear conciencia desde la oscuridad o ineficiencia. Bajo la luz del sol, cuente con su Asamblea Legislativa y la sociedad civil.

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