José G. García López

Punto de vista

Por José G. García López
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Trabas federales a la vivienda asequible

Uno de los factores limitantes al desarrollo y provisión de vivienda asequible para familias de ingresos bajos y moderados son los límites de ingresos (“Income limits”,2019). El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD) establece anualmente los límites de ingreso que una persona o unidad familiar debe tener para ser elegible a una vivienda bajo los programas de Sección 8, HOME y LIHTC (“Low Income Housing Tax Credit”). 

En el caso de un individuo residente en la Zona Metropolitana de San Juan, se requiere que tenga un ingreso mensual no mayor de $933 o $11,200 anuales. Este nivel de ingresos es menor al que recibe una persona en un año bajo el salario mínimo ($1,087). En cambio, para una familia de cuatro miembros debe tener un ingreso mensual no mayor de $1,333 o $16,000 anuales. En ambos escenarios se presume que tanto los individuos como la familia gastan un 30% de ingreso en el pago de renta. 

Sin embargo, las personas o familias de bajos ingresos gastan más del 30% de su ingreso (“cost burden”), lo cual no les permite sufragar otros gastos como servicios públicos, alimentación, salud y educación. La experiencia que hemos observado en estudios realizados es que dichos límites de ingresos resultan muy restrictivos y propician que muchos individuos (incluyendo envejecientes) y familias no puedan cualificar para una vivienda digna y segura. Es decir, que los límites de ingresos definidos por HUD son un impedimento para la provisión de vivienda asequible en Puerto Rico. 

Esta situación es una que lleva años. Tanto el gobierno como el sector privado han solicitado a los organismos federales que se revisen los parámetros para que sean ajustados a nuestra realidad socioeconómica. Dichos esfuerzos han sido infructuosos. 

Las repercusiones que ha tenido el mantener los límites vigentes han sido desfavorables para miles de familias y el mercado de vivienda de alquiler. La inflexibilidad en la aplicación de los parámetros de ingresos en ocasiones ha provocado que la absorción de las unidades (periodo en que se ocupan) en los proyectos se extienda, induciendo a los inversionistas a perder el interés en invertir en proyectos de viviendas asequibles. 

Sin lugar a duda, la reglamentación federal ha incidido en la grave crisis de vivienda que hay en el país desde antes del huracán María y los recientes terremotos en la región sur. A la vez ha restringido la movilidad social esperada, lo que es contrario a los objetivos de la política pública de vivienda contenidos en los programas de HUD. Debemos continuar reclamando a los organismos federales por parte de nuestra comisionada residente, el gobierno y el sector privado, para que se revisen los límites de ingresos a la mayor brevedad y se ajusten a la realidades económicas y desafíos de la sociedad puertorriqueña. Solo así podremos atender con efectividad la necesidad de vivienda asequible en toda la isla. 

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