Eneida Torres

Tribuna Invitada

Por Eneida Torres
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Transparencia como principio

El buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas son principios de actuación pública imprescindibles para el desarrollo de los países y las democracias. Cuando hablamos de buen gobierno nos referimos a cómo una sociedad se organiza para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad para todos los ciudadanos. En su raíz, estos conceptos son “constructos” éticos que cobran especial importancia práctica en la coyuntura histórica actual.

Los tiempos económicos turbulentos y de profundo desequilibrio financiero que vive el País han generado una crisis de confianza y suscitado la necesidad en la ciudadanía de reclamar a los actores y a las instituciones públicas mayor transparencia, más exigencias al derecho al acceso a la información y reclamos por mayor rendición de cuentas e involucramiento ciudadano en el quehacer del gobierno.

La opacidad de la información en la reciente discusión para generar respuestas a la crisis fiscal y los cambios al sistema contributivo han agravado la falta de confianza de los ciudadanos y otros actores sociales en el Gobierno. La palabra más pronunciada es transparencia para gestar credibilidad en el manejo de las finanzas públicas.

Para generar la confianza y fortalecer la toma de decisiones públicas es necesario hacer transparente el Gobierno mediante la provisión de información confiable y oportuna tanto económica y presupuestaria, como de la contratación pública, la financiación de programas y la verificación de la utilización de los recursos públicos. Esto crea certeza hacia el desarrollo económico y promueve el clima de inversión y las iniciativas de emprendimiento necesarias para la recuperación.

Es vital la divulgación y la rendición de cuentas de todos los procesos que sustentan las decisiones y limitar las discrecionalidades dotando de claridad y transparencia toda relación económica del Gobierno con cualquier agente económico. Hay que abrir el Gobierno divulgando los contenidos de los contratos que se formalicen y hacer accesible por medio electrónico las minutas, las reuniones de comisiones y juntas de gobierno y transmitirlos a través de los medios de comunicación y de Internet. Esto permite construir certidumbre y confianza de la ciudadanía, empresarios e inversionistas hacia la gestión pública y el desempeño gubernamental, lo que posibilita movilizar un desarrollo económico y social equilibrado y sostenido.

En suma, este esfuerzo debe fundamentarse en un entramado de principios que coloquen la transparencia como centro de las acciones que gestiona el Gobierno para prestar servicios de forma que los ciudadanos puedan conocer sus decisiones y cómo se adoptan, cómo se organizan los servicios públicos y quiénes son los responsables de su actuación.

No es suficiente que los administradores públicos hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo y de eficacia, sinoque un buen gobierno de los asuntos públicos debe buscar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, gestionar los impactos sociales, económicos y fiscales resultantes de su actuación y promover el involucramiento, el diálogo y la participación de la ciudadanía y los actores sociales en las decisiones.

La crisis social y económica que estamos viviendo nos obliga a adoptar estos principios de buen gobierno de lo público de forma urgente. El anteproyecto de Ley sobre Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública en Puerto Rico, propuesto por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa en el 2013 y presentado por petición en el 2015, es un paso en esa dirección. Aguardamos por que los actores políticos den un paso al frente para que se radique, se discuta y se apruebe.

Estamos convencidos de que hacer transparentes los asuntos públicos, incluidos los fiscales, permitirá atender los desafíos actuales, manejar los riesgos emergentes y generar la cohesión social requerida para la sustentabilidad de las estrategias. Todo ello permitirá mejorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos y generar respuestas acertadas para el bien común y desalentar la corrupción.

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