Carlos E. Díaz Olivo

Punto de vista

Por Carlos E. Díaz Olivo
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Transparencia: no más excusas con la ley HIPAA

Cuando una sociedad confronta un brote epidémico, una de las medidas básicas a implantar, es identificar los focos principales de incidencia de la enfermedad, con el fin de aislar y detener el esparcimiento de la enfermedad. La recopilación de esta información cumple dos objetivos importantes. La primera, sirve de herramienta vital para articular la estrategia y política pública para manejar y contener la epidemia. En segundo lugar, sirve para que los propios ciudadanos, así debidamente informados, se conviertan en elementos de resistencia contra la enfermedad y eviten que, por su desconocimiento, sean portadores y agentes catalíticos adicionales para la dispersión del contagio.

Para que esta gestión resulte exitosa, es necesario recopilar estadísticas sobre el particular y analizarlas científicamente, a fin de identificar - entre otras cosas - patrones que permitan llegar a conclusiones y teorías informadas sobre cómo combatir con mayor efectividad la epidemia. En lo que se refiere a esta estrategia de contención racional y planificada, Puerto Rico falló malamente en los momentos iniciales de la crisis y al día de hoy, tampoco se está obrando con la efectividad que las circunstancias ameritan.

Una explicación para este fallo la encontramos en el problema histórico que Puerto Rico ha padecido, en términos de incapacidad y negligencia, para recopilar de manera sistemática y científica estadísticas respecto a los asuntos vitales de nuestro quehacer social. Pero, existe otra razón, igualmente inexplicable, para esta inacción o inefectividad.

Nos referimos a una especie de mentalidad “bunkerizada” o de pertrechamiento, que asumen con frecuencia muchas entidades gubernamentales, pero también privadas, de retener información y dificultar su circulación pública. Este proceder puede responder a mera ignorancia, incapacidad, celos institucionales y ansias de protagonismos, que también están presentes en muchas de las dinámicas institucionales. Pero, también, esta conducta suele responder al temor de que, si la información circula y se cobra conciencia de la magnitud del problema, el clamor popular puede tornarse en contra del gobierno y de los funcionarios o instituciones involucradas.

En el caso de enfermedades contagiosas y otros problemas de salud, una de las estratagemas más frecuentemente utilizadas para no circular información al público es invocar su supuesta confidencialidad bajo la legislación federal HIPAA. La pronunciación de estas siglas, según la concepción absurda de muchos de nuestros funcionarios públicos y privados, aparentemente les otorga un manto protector que elimina toda obligación de transparencia y les concede licencia absoluta para suprimir información vital que los ciudadanos necesitan acceder, precisamente, para poder cuidar y proteger sus vidas. 

En estos momentos en que muchas vidas están en juego, es necesario destruir y erradicar ese mito. El Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA), es una legislación federal que, entre otras cosas, prohíbe la divulgación no autorizada de información personal, incluyendo expedientes médicos e información sobre la condición de salud de una persona, por parte de las entidades que generan y acceden institucionalmente a esta información, y que se consideran entidades cubiertas, según la definición que ofrece la ley.

Sin embargo, la llamada regla sobre privacidad de HIPAA o el Privacy Rule, si bien protege como principio general la privacidad de la información sobre la condición de salud de los pacientes, también se ocupa de balancear y autorizar el uso y divulgación de esta información en ciertas instancias. Así, expresamente, autoriza el uso y divulgación de la información, aún sin el consentimiento de los pacientes concernidos, cuando la misma es necesaria para el tratamiento de otros pacientes y para la protección de la salud pública e incluso, para efectos de seguridad nacional e inteligencia. De hecho, como resultado de los efectos de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal (HHS, por sus siglas en inglés) ha emitido un boletín en que aclara los mecanismos existentes para compartir información sobre pacientes de conformidad a la regulación de la legislación HIPPA y de su regla sobre privacidad, en situaciones de brotes de enfermedades contagiosas y otro tipo de emergencia.

Como vemos, la legislación citada autoriza expresamente a las autoridades públicas de salud, término que cobija a nuestro Departamento de Salud, a sus funcionarios y contratistas, que para cumplir con sus funciones y deberes - en momentos como los que vivimos –sean más precisos y divulguen información respecto a las estadísticas desarrolladas, incluso por hospitales y por región, de los pacientes tratados por la enfermedad.

La divulgación de esta información es crucial para enfrentar con racionalidad y efectividad la pandemia del COVID-19. El Departamento de Salud, los hospitales y otras instituciones involucradas en el tratamiento de esta condición tienen que cobrar conciencia de este hecho y viabilizar que esta información vital se comparta con el resto de la población. Esto puede hacerse sin comprometerse la identidad de ninguna persona en particular y con total validez jurídica bajo la propia legislación de HIPAA.  Así, que no más excusas, ni medias verdades. El pueblo tiene derecho a esta información y a protegerse.


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