Tomás Torres Placa

Punto de Vista

Por Tomás Torres Placa
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Transparencia vs. poder discrecional en la reconstrucción eléctrica

Es evidente que los hechos ocurridos recientemente han lacerado aún más la imagen de Puerto Rico, en medio del escenario de aprobación de fondos federales como parte de los esfuerzos de reconstrucción, tras los huracanes Irma y María.  Estos hechos, que han dado la vuelta al mundo, incrementan la falta de credibilidad en nuestras instituciones.

Por lo tanto, hay que tomar medidas en las áreas en las que el gobierno de Puerto Rico, por medio de leyes o reglamentos, se haya otorgado máximo poder discrecional.  Se deben de implementar disposiciones que reduzcan el ámbito discrecional estableciendo mayores controles, de forma que se garantice mayor confianza y transparencia por el Gobierno de Puerto Rico. Si no se actúa, los controles serán tarde o temprano impuestos por el gobierno federal.

Un área donde el gobierno se ha concedido una máxima discreción es en el esquema de contratación bajo la Autoridad para las Alianzas Público Privada establecido por la Ley 120 de 2018 para la venta de unidades generatrices, la concesión del sistema de transmisión y distribución (T&D) y servicios, contratos y venta de activos relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica. Se debe considerar reducir el ámbito discrecional establecido bajo este esquema, que incluye, pero no se limita a enmiendas a la Ley 120 de 2018, para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

Los procesos de venta de centrales generatrices, la concesión del sistema de transmisión y distribución (T&D) y cualquier servicio, instalación o contrato relacionado a la venta de activos de la AEE, deben ser desarrollados por el Negociado de Energía de Puerto Rico, con participación ciudadana, y no por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

De esta manera, se limita el poder discrecional del gobierno al realizar dichos procesos por el Negociado de Energía de manera pública y participativa, se toman las decisiones de manera colegiada, y se establece un proceso claro de revisión y apelación.  Además, cualquier participación de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas debe de estar subordinada y ser parte del proceso administrativo establecido por el Negociado de Energía de Puerto Rico, bajo la ley 38 de 2017 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Esto, si ultimadamente se decide continuar bajo la política pública de venta de activos y privatización establecida bajo la ley 120.

Se debe enmendar además la Ley 29 de 2009 de Alianzas Público Privadas, incluyendo reglamentos relacionados emitidos por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Ello incluye, pero no se limita al Reglamento para la Compra, Evaluación, Selección, Negociación y Otorgamiento de Contratos de Alianzas y Contratos de Venta para la Transformación del Sistema Eléctrico bajo la Ley 120 de 2018, del 8 de marzo de 2019.             

Dentro de dicho reglamento se debe de eliminar toda referencia a que la Autoridad de Alianzas Publico Privadas acepte, bajo su entera y absoluta discreción, propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos (“non-compliant proposals”), página 19; permita que los proponentes que no presentaron toda la información solicitada en el “RFP” puedan, a su entera y absoluta discreción, tener la oportunidad de presentar la información que falte, página 17 del reglamento; y destituir, a su entera y absoluta discreción, a cualquier miembro del Comité de Alianzas, página 9 del reglamento.

Medidas relacionadas se deben de tomar en otras entidades públicas como el Negociado de Energía de Puerto Rico. El 4 de octubre de 2018, el NEPR permitió que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) continuara un proceso de solicitud de propuesta (RFP) para la conversión de las Unidades 5 y 6 de San Juan, fuera del proceso de revisión del Plan Integrado de Recursos (PIR). Como establecido en la resolución y orden, esta decisión fue justificada por la necesidad, por parte del NEPR, de ejercer un criterio de flexibilidad a los reglamentos existentes. Como resultado, la AEE otorgó a un costo de $1,500 millones, en el pasado marzo esta contratación, sin haber sido considerada en el proceso de revisión del PIR, el cual conlleva una amplia participación pública.  

Por lo cual, se debe considerar enmendar la Ley 57 de 2014 para que al menos dos de los cinco comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico sean elegidos mediante la directa participación de la ciudadanía y no sean designados por el gobernador ni sujetos a confirmación como establecido en la ley. De esta manera, se limita el poder discrecional al realizar el proceso de selección de dichos comisionados por medio de la directa intervención ciudadana.

Estas medidas son necesarias de manera inmediata para generar la confianza y transparencia necesaria para la adecuada culminación de la reconstrucción y transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.


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