Rafael Cox Alomar

Tribuna Invitada

Por Rafael Cox Alomar
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Tras la vista congresional

C oncluida la primera fase del carnaval pre-primarista -simpático vendaval que nos trajo ráfagas de dimes y diretes, traiciones y promesas fantasiosas y huecas en boca de candidatos superficiales diestros en el manejo de las oscuras artes de la demagogia- se hace imperativo que retomemos el hilo de lo que se viene urdiendo en Washington con respecto al futuro de nuestro País.

A raíz de la vista pública de la Comisión de Finanzas del Senado federal, acaecida el pasado martes a instancias del influyente senador republicano Orrin Hatch (republicano por Utah), son varios los asuntos que debemos ponderar con rigurosidad.

1 - La posibilidad de que se introduzca y se apruebe legislación en el Congreso para que éste, conforme los poderes que le confiere la cláusula territorial, establezca una junta federal de control fiscal (cuyos integrantes serían nombrados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado federal) que asuma control absoluto de la política fiscal y económica de Puerto Rico es cada día más real.

2 - Tenemos que hacerle saber al Congreso que, de forma distinta a lo que algunos de sus miembros sugieren en voz baja (aunque con insistencia), la ciega sobreimposición al escenario puertorriqueño del District of Columbia Revitalization Act de 1995 no es la solución a la crisis de Puerto Rico. El esquema de sindicatura federal que la Administración Clinton y el Congreso de entonces articularon para enderezar los entuertos del Distrito de Columbia no se ajusta a la aún más compleja e incierta coyuntura por la que hoy atraviesa Puerto Rico. En 1995 el Distrito de Columbia tenía un déficit presupuestario de $722,000,000 y un sistema de retiro con una deficiencia de $5,000,000,000- tales cifras palidecen al lado de la realidad puertorriqueña: con $2,500,000,000 de déficit presupuestario (un 3% de PNB) y más de $33,000,000,000 de déficit actuarial en nuestros sistemas de retiro (empleados públicos, maestros y jueces) (Véase Informe Krueger, de 29 de junio, y “Qualifying Report”, del Banco GF de 7 de mayo).

3 - De la crisis no vamos a salir tomando únicamente medicina amarga. Al Congreso hay que hacerle saber que las políticas de austeridad deben ir acompañadas de flexibilización e inclusive eliminación de toda una serie de taras estatutarias y reglamentarias a nivel federal, como lo son muy particularmente las leyes de cabotaje, que tal y como señalan los autores de los Informes Krueger y del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (31 de julio de 2014) minan nuestra competitividad económica a nivel global.

4 - Las ramas políticas del gobierno federal deben desechar el apócrifo planteamiento, al cual hoy se abrazan como dogma de fe voces tan influyentes como las del secretario del Tesoro, Jack Lew (ver su carta del 28 de julio), el senador Hatch (ver su carta del 17 de julio) e inclusive Janet Yellen (expresiones del 15 de julio), a los efectosde que el gobierno federal “no puede” y “no debe” extenderle a Puerto Rico financiamiento a corto y mediano plazo (“bridge financing”). Es completamente irreal suponer que Puerto Rico podrá negociar satisfactoriamente con sus acreedores, proveer los más esenciales servicios al pueblo y salir de la crisis sin acceso a una fuente externa de liquidez. Se hace más que evidente que no habrá reestructuración ordenada y satisfactoria sin acceso a alguna línea de financiamiento de emergencia. Y ese financiamiento debe venir, en gran medida, del Tesoro federal.

5 - La puesta en marcha de una junta federal de control fiscal no debe detener el proceso de descolonización de Puerto Rico. La legislación congresional que establezca cualquier organismo federal de control fiscal debe de contener además disposiciones claras sobre los pasos a tomar para descolonizar al País toda vez se cumpla con los indicadores fiscales y de crecimiento económico allí incluidos. Al final de esta jornada el pueblo de Puerto Rico debe entonces escoger entre soberanía (separada o asociada) y anexión como territorio incorporado de la Unión, toda vez que las condiciones para la concesión de la estadidad las dictaría el Congreso conforme los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos.

6 - Ahí la ruta del porvenir.

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