Ibrahim Pérez

Punto de vista

Por Ibrahim Pérez
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Trump vacilante ante la emergencia del coronavirus

El presidente Trump podría convertirse en la víctima más célebre del novel COVID-19, no porque se haya contagiado con el virus, sino porque no ha podido dominar la situación de salud pública que enfrenta Estados Unidos, como se espera del país más científica y económicamente poderoso del mundo. 

Un revelador reportaje reciente de la revista Time destacó que la estrategia inicial de la Administración Trump para confrontar el emergente virus podría resultar ser un gran error. Quizás el más determinante y costoso de su presidencia. El desenfoque estratégico desplegado no solo podría facilitar la diseminación por toda la nación de un virus altamente letal para poblaciones vulnerables, sino que también podría provocar un impacto muy adverso en el mercado de valores y en la economía estadounidense.

El brote inicial del COVID-19 ocurrió en China en diciembre de 2019. El primer caso en Estados Unidos fue diagnosticado en el estado de Washington el 21 de enero de 2020. El 31 de enero, Trump declaró un estado de emergencia en salud pública, ordenando la cancelación de vuelos procedentes de China, prohibiendo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos no-americanos que hubiesen visitado China recientemente, y poniendo en efecto una cuarentena para ciudadanos americanos procedentes de China.  

Epidemiólogos y otros salubristas reaccionaron a esa estrategia primaria de intentar contener la entrada del virus a Estados Unidos, alertando que las características del virus lo hacían imposible de contener, y que estaban perdiendo un tiempo muy valioso que debía utilizarse para establecer estrategias de mitigación en comunidades, acelerar la producción de las pruebas diagnósticas, coordinar con hospitales y profesionales de la salud, preparar facilidades de aislamiento y preparar poblaciones vulnerables como la de los asilos de envejecientes.

Cuando se hizo evidente que la invasión del virus había llegado al estado de Washington, la Administración Trump ya estaba tarde para ponerse al día con las nuevas circunstancias. Para entonces, no había suficientes pruebas diagnósticas disponibles, ni estadísticas confiables sobre el avance del brote. El 5 de marzo de 2020, el vicepresidente Mike Pence tuvo que admitir que la administración no podía suplir suficientes pruebas diagnósticas para atender las necesidades de la población. Ya eran reconocibles las consecuencias de no haber cambiado la estrategia de contención por la estrategia de mitigación más tempranamente.

Al 7 de marzo, el presidente continúa insistiendo que el coronavirus está contenido en Estados Unidos y que su estrategia está funcionando porque el número de casos se mantiene bajo. El presidente parece conformarse únicamente con esa meta. El 6 de marzo, Trump expresó que los 21 casos encontrados positivos en un crucero en la bahía de San Francisco debían permanecer a bordo para no dañarle sus buenas estadísticas en tierra.

Ha sido la ausencia de acceso a pruebas para confirmar los casos sospechosos lo que ha mantenido bajos los casos positivos. Trump no ha querido reconocer que la propagación del virus a 28 estados sugiere que lo que realmente se ha contenido es la confirmación de casos y no la propagación del virus. Que cuando las pruebas diagnósticas estén accesibles para todos, los casos positivos probablemente se multiplicarán sustancialmente y tendríamos que reconocer un problema más serio de salud pública. 

No puedo concluir sin comentar cómo la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las fallas del sistema de salud estadounidense (incluyendo Puerto Rico) y las ventajas para la salud pública que tienen los países con un sistema universal de salud. En uno de esos países más afectados, Corea del Sur, todos sus habitantes tienen acceso libre de costo a las pruebas diagnósticas, al aislamiento y cuidado médico-hospitalario que requieran. Ya han realizado 160,000 pruebas. Hasta por servicarro pueden hacérselas. En Estados Unidos  se han realizado solo 500 pruebas. Y las personas de escasos recursos, indocumentadas y sin seguro de salud, sin síntomas o con síntomas leves, no se van a realizar las pruebas cuando estén disponibles y podrían perpetuar la propagación del virus.  


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