Rafael Cox Alomar

Tribuna Invitada

Por Rafael Cox Alomar
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Una comisión soberanista

Las recientes declaraciones del senador Marco Rubio, a los efectos de que no existe ambiente en Washington para concerderle la estadidad a Puerto Rico, confirman lo que ya todos sabíamos. Sin embargo, lo pertinente de las expresiones de Rubio es que llegan en un momento único; en el preciso instante cuando la tortuosa relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos se encuentra en su más delicada encrucijada.

No hay que ser clarividente para saber que lo se viene urdiendo en Washington, lejos de ser el camino hacia la tan escurridiza estrella 51, es la vía franca hacia la soberanía. Las señales están a la vista de todos excepto de los líderes del Partido Nuevo Progresista, quienes, en las aleccionadoras palabras del evangelista “viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden”. (Mateo 13:13).

Echémosle un vistazo a las más recientes acciones (e inacciones) de Washington sobre Puerto Rico. Entre las más recientes y evidentes señales de que, lejos de conceder la estadidad, lo que los Estados Unidos intenta es desvincularse de Puerto Rico están las siguientes:

(1) la renuencia de Washington a poner en práctica en Puerto Rico mecanismos financieros de rescate fiscal que sí ha utilizado con respecto a entidades corporativas domésticas e inclusive foráneas;

(2) la imposición al escenario puertorriqueño de una contribución del 12.5% sin tomar en consideración el letal impacto de dicho gravamen sobre nuestra maltrecha manufactura ni mucho menos el complejo diseño estructural de la relación fiscal entre nosotros y ellos que data de los tiempos de la Ley Foraker;

(3) la negativa de FEMA (a todas luces discriminatoria porque ya las Islas Vírgenes recibió los primeros desembolsos) a transferirle al gobierno los fondos de la línea de crédito de $4.9 mil millones sin antes pasar por el cedazo escrutador de la Junta de Control;

(4) la exclusión de nuevos fondos de Medicaid para Puerto Rico;

(5) la dramática disminución en la fórmula del arbitrio del ron, con lo cual Puerto Rico dejará de percibir millones de dólares; y

(6) la súbita muerte del Task Force de Casa Blanca sobre Puerto Rico.

Simple y llanamente en los círculos de poder de Washington no hay el más mínimo interés en incorporar a Puerto Rico como estado. Si hubiera tal interés, hace rato que el Tesoro y demás instrumentalidades del gobierno federal hubieran (de forma proactiva) intervenido para facilitar la liquidez de nuestro gobierno y a la vez garantizar la deuda de la isla como se hizo en el caso del Distrito de Columbia.

Inclusive en los casos de Citigroup, Bank of America, General Motors, Goldman Sachs, Morgan Stanley (y otros) el gobierno federal compró parte de aquellas carteras tóxicas. Partiendo de la irrebatible premisa que ninguno de los 37 territorios incorporados como estados (luego de las 13 colonias originales) ha entrado a la Unión en bancarrota, resulta evidente que si hubiera un compromiso con la estadidad habría hoy en Washington una firme voluntad de resucitar la economía de Puerto Rico. Pero en Washington tal voluntad hacia Puerto Rico no existe.

A Puerto Rico cada día se le ve más como una jurisdicción exótica y remota, a la cual se trata con desdén e indiferencia. Quienes hoy deberían conformar una amplia comisión negociadora en Washington no son los estadistas, sino los soberanistas. Y por soberanistas me refiero a quienes más allá de las estructuras tradicionales de partidos entiendan que el futuro del país debe de encarrilarse conforme tal dirección.

A diferencia de los estadistas, quienes vienen a Washington y encuentran puertas cerradas por doquier, los soberanistas hoy más que nunca encontrarán las puertas abiertas de par en par para por fin dar inicio a una profunda y abarcadora conversación con las ramas políticas en Washington sobre la transición a un nuevo orden de las cosas, cimentado en la descolonización y la dignidad del pueblo puertorriqueño.

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