Carlos E. Ramos González

Punto de vista

Por Carlos E. Ramos González
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Promesa ante el foro judicial mayor

El mes de octubre marca el inicio de las vistas orales del nuevo término del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por tercera vez en los últimos cuatro años, el martes 15 de octubre de 2019, se argumentará un caso directamente relacionado con Puerto Rico. Será, también, el primer caso que llega a ese tribunal vinculado a la ley Promesa. Estoy seguro de que no será el último.

Las controversias giran sobre dos asuntos específicos. Primero, si la cláusula de nombramientos de funcionarios federales de la Constitución de los Estados Unidos gobierna la forma de seleccionar los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Segundo, si fuera aplicable y se decidiera que en Promesa se ejecutó de forma inconstitucional, ¿deberían validarse las decisiones que ha tomado y continúa tomando la Junta de Supervisión Fiscal causando daños continuos sin ofrecerse un remedio adecuado a quienes sufren de la acción inconstitucional?

La UTIER y uno de los bonistas (Aurelius Investment) impugnaron sin éxito ante la jueza Laura Taylor Swain que estos nombramientos eran inconstitucionales. Estaban juntos en esto “pero no revueltos”. La primera lo hizo solicitando como remedio que se invalidaran todas las acciones que ha tomado la Junta, pues muchas de ellas resultaban detrimentales para los miembros del sindicato y los mejores intereses del país. Su fin último era lograr que la Junta desapareciera. El segundo también quiso invalidar las acciones de la Junta, incluyendo las peticiones de ajuste de deuda que se realizaban en el tribunal. Sin embargo, su fin último era lograr nombramientos nuevos que respondan aún mejor a sus intereses. 

La jueza Swain decidió que los miembros de la Junta eran funcionarios territoriales y no funcionarios federales principales. Por lo tanto, no les aplicaba la limitación más importante que impone la cláusula de nombramientos, a saber, que son nombramientos que solo incumben al presidente con la confirmación del Senado. De esta manera, resolvió que fueron nombramientos hechos de forma constitucional y –aplicando la doctrina de funcionarios de facto– que las acciones que ha tomado la Junta son válidas. Su decisión se fundamentó, principalmente, en la jurisprudencia aplicable en torno al poder del Congreso bajo la cláusula territorial y su práctica en la gobernanza territorial sobre éstos. 

Todas las partes apelaron la decisión ante el Primer Circuito de Apelaciones. Este tribunal decidió que los miembros de la Junta eran funcionarios federales principales. Por consiguiente, resolvió que sus nombramientos eran inconstitucionales. Sin embargo, no invalidó las decisiones que había tomado la Junta, incluyendo su petición de ajuste de deudas ante la Jueza Swain. Tanto la UTIER como los bonistas, la Junta, el gobierno de los Estados Unidos y el grupo de acreedores no asegurados acudieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que acogió todos los cinco recursos para discutir los dos asuntos ya indicados. 

En la vista oral, los jueces y juezas harán preguntas continuas para aclarar sus dudas, dejando apenas tiempo a las partes de profundizar en sus argumentos orales. Como trasfondo estará el poder amplio y maleable del Congreso cuando actúa bajo la infame cláusula territorial. De hecho, la UTIER solicita que se revoque la jurisprudencia que constituye una pieza fundamental de la arquitectura jurídica que permite que Puerto Rico “pertenezca, pero no forme parte de los Estados Unidos” (Casos Insulares). Por el contrario, el gobierno de los Estados Unidos, la Junta, los bonistas, los acreedores no asegurados y el gobierno de Puerto Rico, a veces de forma expresa y otras de manera más solapada, defienden esta fundamentación constitucional. Se han interpelado dieciséis escritos de “amigos de la corte”. Algunos piden al Tribunal que no ancle su decisión en estos casos racistas y anacrónicos. Otros piden que el Tribunal revoque la doctrina utilizada por el Primer Circuito para permitir validar decisiones tomadas por funcionarios nombrados de forma inconstitucional. 

Esta vista oral y la decisión que tome el Tribunal Supremo federal van a tener gran impacto sobre Puerto Rico. Mientras sigue la cotidianidad y debates en la jueyera colonial, esa poderosa institución fuera de nuestro control volverá a decidir asuntos medulares sobre el futuro del País. 


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