José Julián Ramírez

Tribuna Invitada

Por José Julián Ramírez
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Una deuda con el cooperativismo

En días recientes hemos seguido atentamente la discusión pública en torno a la transacción aprobada por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) para el intercambio del 35% de los bonos de Puerto Rico adquiridos por cooperativas de ahorro y crédito.

Para los que día a día nos levantamos a trabajar abnegados por el cooperativismo, la forma como se manejó el suceso y se ventiló en los medios fue ciertamente lastimosa. Ha sido triste ver cómo se ha querido echar por la borda el esfuerzo y dedicación de profesionales y líderes voluntarios, que lograron que las cooperativas mantuvieran un ritmo de desarrollo envidiable durante los pasados años.

Sabemos que ese éxito suele crear recelo, pero desacreditar las alternativas que el cooperativismo ha identificado durante el pasado año es injusto.

Las cooperativas tienen el legítimo derecho a organizarse para defender el dinero de sus socios. Sería un acto irresponsable que el sector cooperativo se quede de brazos cruzados ante la inacción gubernamental de atender las propuestas que, desde la buena voluntad, se le han hecho. Sobre todo, cuando ha sido la política partidista la única responsable de las situaciones que hoy encara de frente el cooperativismo.

Mientras la banca comercial recibió un rescate financiero producto del manejo irresponsable de sus carteras hipotecarias ($1,400 millones de dólares en el caso de Puerto Rico), los retos que hoy busca resolver el cooperativismo financiero se relacionan exclusivamente a la gestión imprudente de las finanzas gubernamentales.

Aun así, la inversión en bonos que hicieron las cooperativas fue lo que le permitió al Banco Gubernamental de Fomento y otras entidades mantener sus operaciones por los pasados años, ofreciendo recursos para empleo e infraestructura pública de gobiernos de ambos partidos principales.

Puerto Rico le debe mucho a los socios de las cooperativas. Por eso, continuamos buscando alternativas para evitar que nuestros socios tengan que pagar las consecuencias de gobiernos irresponsables. Buscamos asegurar que esta deuda se pague a los cooperativistas antes que los fondos buitres se despachen con la cuchara grande, lucrándose de la desgracia de un país en crisis.

Apoyamos que las cooperativas se organicen para presentar las propuestas que entiendan pertinentes en defensa de los socios y nuestro sector. Sin embargo, recabamos que esta búsqueda debe desarrollarse desde la ética y los valores democráticos que nos caracterizan.

Rechazamos vehementemente la injerencia de la política partidista en las estructuras gubernamentales llamadas a servir a nuestros socios y clientes. La excesiva intervención política ha querido lucrarse del cooperativismo.

Nosotros, como ejecutivos y profesionales de este sector, estamos llamados a velar por el bienestar del patrimonio de nuestras cooperativas con todas nuestras fuerzas.

Con sus más de 60 años, las cooperativas de ahorro y crédito gozan de un largo historial de desarrollo profesional que nos ha preparado para enfrentar los retos que se avecinan para el país.

Sus profesionales continuaremos aportando a la discusión y perfeccionamiento de esta o cualquier propuesta que garantice el patrimonio cooperativo, convencidos de que el cooperativismo es la verdadera promesa de recuperación económica que le queda a Puerto Rico.

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