Gustavo Vélez

Punto de Vista

Por Gustavo Vélez
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Una deuda que nuestros hijos puedan pagar

Luego de tres largos años en quiebra, se comienza a ver la luz en Puerto Rico. Los esfuerzos para reestructurar la deuda pública de $67,000 millones, parecen coger algo de tracción. Además de la millonaria deuda, la quiebra de los sistemas de pensiones representa una obligación moral y financiera, de $50,000 millones hacia las próximas décadas.

Todas las deudas del gobierno combinadas exceden por mucho la capacidad productiva de Puerto Rico. Con una economía más pequeña y una población en caída, la capacidad de repago de nuestros compromisos financieros será menor.

El amparo de la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal, no solo ha protegido al gobierno de demandas de los acreedores que le prestaron dinero a Puerto Rico, sino que ha provisto un marco legal para renegociar los términos de la deuda.

La teoría detrás del esfuerzo para reestructurar la deuda es poder bajar tanto el principal como el servicio (intereses), a un nivel que sea macroeconómicamente viable. 

Si el gobierno ha podido seguir operando y pagar las pensiones, la tarjeta de salud, y los gastos superfluos, es porque no se paga la deuda desde 2016. Antes de la quiebra, Puerto Rico pagaba $4,000 millones anuales en principal e intereses de la deuda, un 29% del presupuesto consolidado.

La aprobación de Promesa y la entrada de la Junta en 2016 marcaron el final de una era de irresponsabilidad fiscal, y el comienzo de un nuevo capítulo en el manejo de las finanzas públicas. A pesar de la aspiración incompresible de los administradores gubernamentales a seguir gastando, la Junta ha puesto un muro de contención al gasto y métricas fiscales. 

Además, se ha comenzado a reestructurar la deuda de las principales entidades gubernamentales, como el Banco Gubernamental de Fomento, Cofina, y la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras, la Junta aspira a reestructurar la deuda del gobierno central, las pensiones gubernamentales, así como las obligaciones de la Autoridad de Carreteras y de la Universidad de Puerto Rico.

Hay una propuesta para reducir la deuda de Obligación General (GO) y otras deudas del gobierno central de $35,000 millones a $12,000 millones. La aspiración es reducir la totalidad de la deuda de $67,000 millones a $34 millones, luego de todas las reestructuraciones. Esto llevaría el servicio de la deuda de $4,000 millones a $1,500 millones anuales, lo que equivale al 9% del presupuesto total, una proporción similar a estados con alto nivel de deuda.

Esta propuesta es agresiva, y representa un golpe frontal a muchos acreedores, incluyendo a bonistas locales, que confiaron en el gobierno y le prestaron su dinero. También representa un duro revés a la credibilidad de Puerto Rico en los mercados de capital, ya que estamos incumpliendo con la palabra y la propia Constitución del Estado Libre Asociado.

Pero, por otro lado, una reducción significativa de la deuda permitiría reorientar recursos para que la economía pueda volver a crecer y atender compromisos fundamentales del gobierno, como las pensiones y los servicios esenciales. Parece haber consenso en que hacen falta grandes recortes en la deuda para que Puerto Rico no vuelva a recaer nuevamente en una quiebra, posiblemente sin el beneficio de una ley federal como Promesa.

Hace un tiempo escribí en este mismo espacio una columna titulada “Los muertos no pagan deuda”, en la que advertía que para que los acreedores cobren la economía tiene que volver a crecer. Hoy reitero que la viabilidad de Puerto Rico depende de una deuda manejable, de disciplina fiscal y de que pueda encausarse un programa de desarrollo económico.

Debemos corregir los errores de nuestros políticos, y dejar una deuda que nuestros hijos puedan pagar.




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