Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Una distracción la propuesta privatización de la AEE

Acosado por imputaciones de inacción en la recuperación energética de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares revivió el plan inicial de su administración de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica.

Pasados ya los primeros cuatro meses desde el azote del huracán María el 20 de septiembre de 2017, un poco menos de la mitad de los abonados de la AEE carece todavía de servicio de electricidad, aunque el gobierno alega que “solo” están a oscuras 500,000 de los 1.5 millones de clientes.

Era de esperarse que la propuesta del gobernador enfrentara la oposición de alcaldes rojos y azules debido a que los municipios temen estar en riesgo de desaparecer si se les despoja de las servidumbres en los que están hincados los postes en sus comunidades.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, el popular Rolando Ortiz, estimó en unos $460 millones lo que la AEE deja de pagar ahora a los municipios por el uso de sus servidumbres porque, a cambio, brinda servicio eléctrico a instalaciones municipales tales como parques, plazas, áreas deportivas, plazas de mercado y alcaldías.

Privatizado el servicio, los municipios tendrían que pagar por la luz que consumen estas instalaciones, para lo que no contarían con dinero suficiente.

Por eso es que el presidente de la Federación de Alcaldes, el penepé Carlos Molina, aunque evitó opinar sobre la propuesta privatización, advirtió que, independientemente de la forma en que se lleve el proceso, los municipios no pueden ser excluidos.

Los alcaldes han estado luchando para que se aceleren los trabajos de energizar sus municipios, incluyendo las comunidades rurales. Pero un reciente acuerdo negociado con la AEE ha dejado a muchos de ellos inconformes y a algunos disgustados.

Los municipios populares y algunos penepés no han comprado las presuntas bondades del acuerdo, que alegan está redactado de mala fe porque colocan sobre ellos todas las responsabilidades y ninguna de las decisiones.

El documento pone en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos la entrega de materiales y releva a la AEE de responsabilidad en caso de que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) no reembolse los gastos a los municipios.

De todos modos, las pretensiones de la AEE llegan tarde porque algunos alcaldes han estado muy activos desde antes, y a pesar de sus recursos limitados, en el esfuerzo de energizar a sus municipios.

Un ejemplo destacado es el del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien reclutó a peritos electricistas retirados de la corporación pública y creó la Pepino Power Authority para sacar de la oscuridad a sus compueblanos.

Digno de mención es también el caso de Adjuntas, donde Casa Pueblo ha colaborado incansablemente para restablecer el servicio eléctrico, y el de Hormigueros, cuyo alcalde, Pedro García Figueroa, ha dicho que el acuerdo es oneroso porque los municipios no tienen recursos para contratar compañías privadas, como exige la AEE.

Pero hay muchos otros asuntos que ponen en entredicho la capacidad gubernamental post María, como la inseguridad ciudadana complicada por la oscuridad en las vías públicas y la falta de semáforos desde el huracán.

Por ello, traer a la discusión pública la privatización de la AEE faltando tanto para lograr la recuperación del servicio eléctrico resulta, cuando menos, un ejercicio dirigido a distraer la atención de lo medular, que es sacar al país de la oscuridad.

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