Carlos E. Díaz Olivo

Punto de vista

Por Carlos E. Díaz Olivo
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Una gobernación entre dos facciones

El mes de agosto nos sorprende con la juramentación de un nuevo gobernador en circunstancias rodeadas de incertidumbre jurídica. Si bien una serie de factores y eventos sociales nos colocan en esta encrucijada, subyacente a los mismos yace la lucha entre dos facciones que históricamente han coexistido dentro del PNP. 

De un lado, se encuentra una facción proveniente de los sectores más afluentes de la sociedad, educada en universidades estadounidenses, que se mueve con agilidad natural en las más altas esferas económicas, sociales y culturales de la sociedad. Del otro lado, existe una enorme masa militante proveniente de los sectores populares de la sociedad. Es un sector que creció y se desarrolló en Puerto Rico, sin acceso a círculos privilegiados, y que sobre la base de su participación en las estructuras de la colectividad y en los procesos electorales, logró cierto poder a través de las alcaldías, la Asamblea Legislativa y la burocracia gubernamental. Este sector popular produce el trabajo político y la fuerza de los votos que le permite al PNP triunfar electoralmente. Pero, una vez la colectividad alcanza el poder, esta facción suele sentirse excluida de las más altas posiciones de gobierno, muy particularmente de la gobernación. 

Una lucha entre estas dos facciones explica, entre otras cosas, lo que hoy acontece en el PNP. Las objeciones que se esgrimen contra el gobernador en funciones son variadas y provienen de distintos actores del escenario político, pero a ellas también se suma el cuestionamiento de la facción populista. 

Este sector entiende, con toda razón, que el presidente del Senado es la figura política dominante del PNP. Lleva años trabajando y sacando la cara por los suyos. En términos de destrezas en el ejercicio del poder, es mucho más diestro que otras personas a quien la colectividad ha confiado la candidatura a la gobernación. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, la determinación de a quién corresponde la gobernación no descansa en una elección general, pues por circunstancias del destino, recae sobre el cuerpo legislativo que él preside. 

Posiblemente puedan identificarse muchas razones, válidas y no válidas para negarle o reconocerle al presidente del Senado esta oportunidad. Pero, a fin de cuentas, lo que parece que ha de resultar crucial en estos momentos, son los eventos que se suscitaron en la última sesión celebrada por el Senado, precisamente cuando la población vive momentos difíciles y de alta tensión. En esta sesión, se plantearon objeciones válidas a la designación de Pedro Pierluisi y más importante aún, ese día estaban los votos para denegar su confirmación. Sin embargo, en lugar de establecer con profundidad las razones para el rechazo, la sesión degeneró en un espectáculo trágico, que trasgredió uno de los pilares de la vida en sociedad: la dignidad del ser humano es inviolable.  Como bien dijera Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. En aquella sesión no hubo ni paz ni respeto al derecho ajeno. Se olvidaron los participantes de este evento trágico, que en la democracia, contrario a la máxima que enunciara Nicolás Maquiavelo en su obra el Príncipe, el gobernante más que temido debe ser respetado y admirado por su pueblo. La razón puede legitimar la fuerza, pero la fuerza jamás deslegitima a la razón. 

Puerto Rico anhela tener a cargo de sus asuntos públicos a una persona a quien respete, porque precisamente respeta a los demás, pero que también tenga la capacidad de promover la paz entre los diversos componentes de la sociedad a fin de unir los esfuerzos necesarios para la reconstrucción que aún aguarda.

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