Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Una gran oportunidad para la transparencia

Próximos a cumplirse siete meses del paso del huracán María, se materializa finalmente una asignación significativa de fondos federales para vivienda, el segundo renglón más afectado por el ciclón después del sistema de energía eléctrica.

Con la asignación de $18,500 millones, los fondos federales aprobados para Puerto Rico totalizan aproximadamente $31,791 millones, según cálculos reportados por este diario.

Resuelto de momento el problema del acceso al dinero, ahora habrá que esperar que estos fondos lleguen a beneficiar a quienes realmente necesitan ayuda, para lo cual es indispensable que el gobierno los utilice con transparencia y que rinda cuentas hasta el último centavo.

Con estos fondos federales, deberían comenzar a desaparecer los toldos azules que cubren miles de techos averiados por la furia de los vientos y el agua traídos por María, y que se reconstruyan las viviendas que quedaron mayormente inhabitables. Gran parte del total corresponden a personas de limitados recursos económicos que no cuentan con dinero para paliar el desastre y que, en muchísimos casos, ni siquiera recibieron asistencia de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Pero, además, el gobierno tendría que aprovechar esta coyuntura para reenfocar sus políticas públicas de manera que comiencen a repoblarse los cascos urbanos que se han ido quedando deshabitados en favor de las construcciones en áreas suburbanas, cuya electrificación resulta generalmente más costosa.

Hay que pensar en esas alternativas ante la fragilidad del sistema de energía eléctrica -que se manifiesta periódicamente con los apagones más o menos generalizados. El problema llega al extremo de que, según reportó la Autoridad de Energía Eléctrica, un árbol fue el causante el jueves de una avería importante en una línea principal que dejó sin luz a grandes sectores del área metropolitana.

La asignación de $18,500 millones del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) representa una inyección medular a la maltrecha economía de Puerto Rico, que arrastra una deuda pública superior a los $72,000 millones sin contar el déficit de los sistemas de retiro y que está actualmente bajo la lupa de la jueza federal Laura Taylor Swain en un proceso de quiebra a través del Título III de la Ley federal Promesa.

El dinero asignado por HUD equivale prácticamente al monto de dos presupuestos operacionales del gobierno central y va a estar en la mirilla de los bonistas que intentan recobrar judicialmente sus inversiones en Puerto Rico.

Por ello, es imprescindible y mandatorio que esos fondos, igual que el resto de las asignaciones federales que obtenga Puerto Rico como consecuencia del huracán María, estén sujetos a un riguroso proceso de transparencia y de rendición de cuentas por parte del gobierno.

Solo eso garantizará quelos fondos asignados se utilicen debidamente para beneficio de los ciudadanos y que no se desvíen para el pago excesivo de asesores ni, mucho menos, para contratos innecesarios de servicios profesionales a amigos y correligionarios políticos.

El gobierno federal ha anticipado su intención de vigilar de cerca el uso adecuado de estas asignaciones multimillonarias, pero se necesita una acción paralela del gobierno de Puerto Rico, que está obligado a recuperar la confianza, no solo de los inversionistas, sino también del Congreso y la Casa Blanca.

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