María de Lourdes Vaello Calderón

Tribuna Invitada

Por María de Lourdes Vaello Calderón
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Una lucha por la Universidad y el País

Nunca olvidaré el día que salieron a relucir las imágenes de varios policías y otros miembros de la Fuerza de Choque golpeando a estudiantes huelguistas cuando el Gobierno de turno les otorgó el visto bueno para intervenir en los procesos de resistencia durante la huelga del 2010. Más aún, recuerdo con lucidez los comentarios que acompañaban las fotografías. Muchos eran solidarios, empáticos, indignados. Otros filtraban odio. Culpabilizaban a los estudiantes por las acciones de los uniformados, justificaban el impacto de las macanas, el uso de gases lacrimógenos, la violencia sexual hacia las estudiantes activistas, y algunos apoyaban que estos asperjaran gas pimienta sobre ellos.

Desde que se aprobó un paro estudiantil en la pasada Asamblea de Estudiantes, seguido de una huelga que comienza este 6 de abril, un discurso sobre la nocividad de tal acción impera en boca de varios ciudadanos y en un sinnúmero de plataformas mediáticas que ponen en tela de juicio el futuro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a consecuencia de otra huelga para la historia. Me apena sobre todo, no que se problematice el rol del estudiantado en estos procesos ni que se cuestionen las labores que entablamos tras los portones, sino que se nos desee mal, que se asevere con convicción que procuramos confrontación, que hemos cerrado los canales del diálogo y que se nos tilde de intransigentes y recalcitrantes.

Nuestro discurso ha versado en torno al pacifismo. Eso predicamos y en eso nos amparamos. En la esperanza que el pueblo entienda que la lucha que estamos construyendo trasciende la UPR. Nuestra salud, nuestra vivienda, nuestras pensiones y, ciertamente, nuestra educación se ven amenazadas, y admitir el “destino inevitable” que se avecina equivaldría a inclinarse hacia un lado y dejar los brazos caer en rendimiento.

Algunos dicen conocer el impacto de una reducción por casi la mitad del presupuesto, que suma a $450 millones según propuso la Junta de Control Fiscal para el sistema público universitario, y los efectos que estos tendrían sobre él. Ahora bien, el simple “saber” de los efectos no contribuye nada a la solución de los problemas, a la formulación de propuestas ni a debatir las alternativas que el Gobierno trae a la mesa. La mera noción del proceso no arroja luz sobre el llamado despilfarro que muchos arguyen ser característico de la UPR. Tampoco sacude una triste y cruda realidad que nos mana de frente.

Esa realidad es que el verdadero y significante despilfarro yace en los contratos onerosos en la Legislatura a allegados políticos y exfuncionarios rechazados en las urnas por el pueblo por su pobre aptitud para ejercer un cargo; favoritismos que han encubierto a aquellos que, centavo a centavo, han cavado la tumba, médula de todos nuestros problemas como colonia, la deuda.

Nunca entenderé cómo se pretende encoger los hombros y tragarse el discurso de que estamos en deuda y hay que restarle fondos a todos los sectores públicos esenciales del País. Ni el Gobierno ni la Junta cuentan con la fuerza moral ni el ejemplo para tales exigencias.

Me entristece ver que la apatía se sobreimpone al reclamo para que se audite una deuda que no es nuestra. Que nuestro pueblo ha sido suficientemente atropellado y está al borde del asfixie. Que no somos responsable de la situación fiscal y que, como consecuencia de la auditoría, los llamados recortes deben sobrellevarse de manera vertical, comenzando con aquellos que adquirieron fondos de manera ilícita.

En esto se nos va la vida a los estudiantes. En velar por la protección de un sistema de educación pública y accesible para todos los sectores del País. En dar la cara por la supervivencia de esta institución y en saber que de aquí a 20 años podremos dormir tranquilos porque habremos hecho todo lo que tuvimos en nuestro poder para asegurar que Puerto Rico continúe generando su mayor contribución al mundo: su capital humano.

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