Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Un angustioso 4 de julio

Escribo el 4 de julio, cuando la humanidad que se siente libre festeja la, para mí, más básica de todas las afirmaciones de la Declaración de Independencia de nuestra nación, Estados Unidos de América: que los gobiernos democráticos “derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”, y que cuando cualquier grupo de hombres constituidos en pretendido gobierno destruyen ese fin, el pueblo tiene el derecho de corregirlo o abolirlo.

Es conmovedora y cruel la coincidencia de que, en el día de celebración de la suprema proclama de hace 243 años, la noticia más relevante en nuestro territorio colonial sea la embestida judicial asestada por un organismo congresional, de paso ilegalmente constituido, para desmantelar el estado constitucional de Puerto Rico; para derrotar el dogma del gobierno por consentimiento. La solicitud de la Junta de Control Fiscal (el eufemismo de “Supervisión” ha quedado al descubierto), no puede ser más indignante y contundente  contra la letra de la constitución de 1952, aprobada con el propósito de establecer las guías legales que regirían la vida civil en el territorio de Puerto Rico.

Uno de los mandatos constitucionales dispuestos en esas guías faculta exclusivamente al gobernador a “[s]ancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa” (Sección 4, Artículo IV, Del Poder Ejecutivo). Otro de los mandatos constitucionales, conferido al Poder Legislativo, también exclusivamente, dispone que “cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si este lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen con sus objeciones…”. (Sección 19, Artículo III, Del Poder Legislativo). Ese es el ordenamiento constitucional vigente.

¿Dónde dice, o se sugiere siquiera, que el Congreso, por sí mismo o a través de comisionados de cualquier espécimen, tiene el poder de tachar esa disposición constitucional, esgrimiendo los argumentos que mejor se les ocurra? De validar la jueza Laura Taylor Swain esa tachadura a la constitución de gobierno local, se estaría trayendo de regreso el poder del veto del presidente de Estados Unidos sobre las leyes que aprobaba la Asamblea Legislativa según lo disponía el Artículo 34 de la ley Jones de 1917. Entonces, ¿para qué serviría la constitución “de hechura puertorriqueña”, como gustan de celebrar los mismos –o muchos de ellos– que, solapadamente, están aplaudiendo el ataque a esa misma constitución.

Si así se retrocediera, estaría en orden la utilización de las armas legales de rigor para corregir o abolir el agravio de la Junta. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor está cerca el sueño de don Luis Muñoz Marín (QEPD), y con el veto judicial a las leyes y resoluciones conjuntas aprobadas por la Legislatura y convertidas en leyes por el gobernador, se logra el “mejoramiento”, el “perfeccionamiento” o hasta la “culminación” de un estatus político inexistente.

El de “Estado Libre Asociado”.


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