Luis Vega Ramos

Tribuna invitada

Por Luis Vega Ramos
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Una nueva agenda puertorriqueña en Washington

El  gobierno de Ricardo Rosselló ha perdido toda credibilidad en Washington, por su obstinación de manejar excluyente y partidistamente el tema del status. Su insistencia de que 97% de los puertorriqueños pide la estadidad es objeto de constante mofa e incredulidad en Estados Unidos, al punto que afecta los esfuerzos para lograr avances en la recuperación post María, evitar los precipicios fiscales en salud y asistencia nutricional, así como en la exención de las leyes de cabotaje. 

El presidente Donald Trump ha llegado a darle un “no rotundo” con su boca de comer a la posibilidad de la estadidad. 

Si a eso le sumamos el daño que nos hacen escándalos que cubren medios como The New York Times, tales como “Tú Hogar Renace” y Whitefish, es obvio que se necesita un nuevo plan para Washington. 

La pérdida de credibilidad en Washington ya está afectando la calidad de vida de los puertorriqueños en áreas como la reconstrucción de sus viviendas, la reparación de sus carreteras, los reembolsos de FEMA y los fondos CDBG a los municipios, las asignaciones para reconstruir nuestro sistema energético y los fondos de salud y nutrición para nuestros envejecientes e indigentes. Y ni hablar de las leyes de cabotaje.

Esto tiene que cambiar y por eso hemos presentado un plan para que la Asamblea General del PPD reclame las siguientes medidas específicas:

1. La derogación inmediata de la Ley que crea la Comisión de la Igualdad. 

2. Que no se eroguen fondos públicos adicionales para sufragar gestiones dirigidas a convertir a Puerto Rico en territorio incorporado. 

3. Que no se presente o se promueva legislación federal por la comisionada  residente ante el nuevo Congreso que inicia en enero de 2019, dirigida a convertir a Puerto Rico en territorio incorporado o Estado de los Estados Unidos. 

4. Que se denuncie la mal llamada propuesta Bishop para la convocatoria local de un referéndum no vinculante “Estadidad: sí o no”. Debe exigirse del Congreso que se propongan procesos vinculantes. En el último plebiscito no vinculante de 2017, tres de cada cuatro electores ya decidieron no participar. 

5. Que los esfuerzos ante el gobierno federal se concentren en procurar medidas y herramientas que aceleren y asistan en la plena recuperación del país tras los daños causados por el huracán María, en la restauración de la credibilidad del gobierno de Puerto Rico tras los escándalos de Whitefish y “Tu Hogar Renace”, así como también en procurar alternativas en temas relacionados con la salud y la asistencia nutricional, la exención de las leyes de cabotaje y en la derogación inmediata de las disposiciones antidemocráticas de la ley Promesa que le imponen a Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal con amplios y excesivos poderes. 

6. Que, de haber un interés genuino de promover una discusión sería con el Congreso y el presidente de los Estados Unidos en torno a ponerle fin a la subordinación territorial de Puerto Rico, la misma se inicie con la convocatoria del gobernador a una reunión entre los partidos políticos puertorriqueños, así como con otros sectores legítimamente interesados, y la creación de un Comité de Diálogo con el Congreso y el presidente de Estados Unidos, similar al que existiera durante el proceso de discusión de legislación federal sobre status de 1989 a 1991. 

Aquí hay un plan coherente e inclusivo para bregar con las complejidades de Washington durante los próximos años. Confío que el domingo la Asamblea del PPD le haga un emplazamiento al gobernador Rosselló en lineamientos similares a estos.

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