Héctor M. Pérez Acosta

Punto de vista

Por Héctor M. Pérez Acosta
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Una nueva ley de armas para Puerto Rico

El control que ejerce el Estado sobre la importación, venta, tráfico y uso de armas de fuego en Puerto Rico no es nuevo. Tiene remoto origen; es de larga tradición. Este control se ha ejercido, ya sea mediante leyes punitivas o penales o mediante leyes o normativas altamente restrictivas. 

Las leyes que las regulan intentan, mediante la expedición de licencias o permisos, mantener en orden todo lo concerniente a su adquisición, tenencia, posesión, traspaso, transportación, práctica y uso. Las disposiciones penales van dirigidas contra aquellos que no se atienen al cumplimiento estricto con el ordenamiento regulatorio; esto es, “al margen de la ley”. 

Y es que este tutelaje por el Estado se considera necesario: las armas de fuego, de toda naturaleza son, por diseño y construcción - y hasta por propósito en muchos casos -, instrumentos peligrosos y letales que requieren del aprendizaje, práctica y desarrollo de destrezas especiales para su “adecuado” uso y manejo. En manos de los delincuentes, constituyen sus más importantes “herramientas de trabajo”.

Adquirir, tener, poseer, transportar y utilizar armas de fuego fue considerado por las autoridades, por muchos años, como un “privilegio”. A la luz de ese criterio, como suele ocurrir con todo privilegio, se otorgaban y revocaban las llamadas licencias a discreción de las autoridades y en muchas ocasiones, arbitrariamente, beneficiándose unos sobre otros, por consideraciones o razones de toda naturaleza, muchas de cuyas razones tuvieron su génesis o estaban “documentadas” en la extinta División de Inteligencia de la Policía. 

Este enfoque o “mentalidad” basada en la “doctrina del privilegio” ha ido cambiando en muchos funcionarios del Estado - no en todos -, particularmente en años recientes, ante la realidad ineludible de que en Puerto Rico rige la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La jurisprudencia vigente reconoce como derecho fundamental de los ciudadanos - de los individuos - el poseer y portar armas de fuego para su defensa, sujeto a regulaciones razonables por el Estado. 

Desde agosto de 2018, se presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Seguridad Publica del Senado para establecer lo que se conocerá como la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, de culminar, como se espera, todo el proceso legislativo y obtener el aval y firma de la señora gobernadora. El proyecto original fue aprobado por ambos cuerpos legislativos, pero fue devuelto por la Primera Ejecutiva con la intención de que se le incorporaran varias enmiendas, a solicitud del propio Senado. 

El Senado las consideró y las incorporó el pasado lunes, 30 de septiembre, y lo refirió a la Cámara de Representantes para la consideración de ese cuerpo. Se espera que la medida se apruebe muy en breve y tras culminar el proceso legislativo, se someta a la gobernadora para su consideración y firma. 

En resumen, el proyecto, de convertirse en ley, entre otras medidas, dispone para el establecimiento de una amnistía dirigida a recoger armas ilegales; añade modalidades de delito por el uso indebido de armas de fuego; debe reducir el costo de los trámites de adquisición para el ciudadano; elimina capas de burocracia y obstáculos para que las personas sin récord penal puedan portar armas; provee para que la Policía cuente con la digitalización de todas las licencias de armas de fuego y de ser necesario pueda ocuparlas; y permite que la Policía tenga acceso a bancos de datos adicionales para conseguir información sobre los solicitantes de licencias de armas y poder verificar el trasfondo de estos. 

Según contempla la medida, se conceden a los ciudadanos 45 días para tramitar una solicitud, y 30 días desde enero del 2021, acortando el tiempo de espera. 

Solo con los desarrollos que surjan al amparo de esta nueva ley, con el transcurso del tiempo, sabremos si se han dado los pasos en la dirección correcta. 


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