Hiram Meléndez Juarbe

Punto de vista

Por Hiram Meléndez Juarbe
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Una oportunidad perdida

El Tribunal Supremo decidió ayer, lunes, intervenir en una demanda del Senado impugnando la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.

La teoría del Senado ante el Tribunal es conocida: A las 5:00pm del viernes, 2 de agosto, cuando la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló se tornó efectiva, Pierluisi no había sido confirmado por ambas cámaras legislativas por lo que no era elegible para ascender como gobernador y, por tanto, su juramentación a ese cargo es nula.

Consistente con esta lógica, la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, debió ocupar el cargo de gobernadora, lo cual dejaría a Pierluisi como secretario de Estado aún por confirmarse.

El Senado efectuó ayer una sesión extraordinaria convocada precisamente para considerar el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado. Horas antes, Pierluisi había vuelto a la postura de que respetaría un rechazo del Senado. En la sesión, el Presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, explicó que Pierluisi no tenía los votos para ser confirmado. Parecería, entonces, que el Senado estaba en posición de rechazarlo como secretario de Estado y ahí hubiese terminado este capítulo de nuestro drama colectivo. Sin embargo, no se realizó una votación.

Planteó el Presidente del Senado que Pierluisi no había sometido la información necesaria para que el cuerpo le considere. Ciertamente, en el descargo de su función constitucional el Senado puede, y debe, solicitar toda aquella información que permita una justa apreciación de una persona. Así, tal parece que Pierluisi falló al no poner al Senado en la posición de evaluarle con profundidad.

Ante este cuadro, el Senado de Puerto Rico tenía dos opciones: (1) otorgar más tiempo al nominado para que someta la información y celebrar la vista en otro momento o (2) rechazar de plano el nombramiento porque, al no brindar la información, el nominado al importante cargo menospreció el rol constitucional de la institución legislativa al no ponerle en posición de evaluarle.

Nada de esto hizo. En cambio, optó por delegar su función constitucional a la rama judicial, la menos representativa de la población. Con ello, el Senado evade su responsabilidad constitucional y política.

Como expresé en una columna previa, existen varias interpretaciones constitucionales razonables ante un escenario jurídico novel como el que vivimos. Dos de ellas tienen la ventaja de ser más cónsonas con valores democráticos, por lo que son a mi juicio más atractivas ya que requerirían del consentimiento de representantes electos y electas en algún momento del proceso. Irónicamente, el Senado abraza en los tribunales una de estas teorías constitucionales con mayores visos democráticos pero, al mismo tiempo, evade su responsabilidad y somete el asunto al criterio de nueve personas no electas.

Nuestra Constitución tiene muchas virtudes. Pero también tiene importantes defectos. Uno de estos es que encierra una visión de la participación democrática electoral muy atada a los partidos políticos y resiste oportunidades de acción formal más participativa.

Si bien, desde el punto vista democrático, un gobernador aprobado por legisladores es superior a uno que no ha sido confirmado por nadie, lo cierto es que un gobernador avalado sólo por un grupo de representantes legislativos es una figura muy deficiente cuando se le compara con uno seleccionado en elección general.

Si algo nos enseñan los eventos de este verano de 2019, es que la población puertorriqueña tiene la capacidad de organizarse y alcanzar objetivos políticos independientemente de las instituciones existentes, evidenciando el interés popular en que los actores políticos tengan mayores vínculos con los procesos democráticos. Esta es una agenda de revisión constitucional que debemos comenzar a cultivar. Mientras tanto, los pocos espacios democráticos que tenemos para un caso como este se ven desechados por sus custodios.

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