Juan Zaragoza

Punto de vista

Por Juan Zaragoza
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Un balde de agua fría en la capital federal

Monumental tarea es la que tiene nuestra honorable gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en su intento de devolverle algún grado de credibilidad a esta administración por allá por Washington D.C.

Ya hace un tiempo llueve y no escampa para los funcionarios locales, que, entre los ataques del presidente, viciosos para muchos y merecidos para otros, y las heridas autoinfligidas a nuestra reputación por esta administración, están acorralados en la esquina cogiendo golpes a mansalva.

Por si fuera poco, en su debut en la sociedad washingtoniana, a nuestra gobernadora la recibieron con un balde de agua fría, cortesía de los usualmente poco sonrientes representantes del Tesoro Federal. Es que además del abismo que se aproxima, relacionado con los fondos del Plan Vital, ahora el Tesoro nos recuerda que desde el 2018 le había comunicado al Departamento de Hacienda la necesidad de buscar alternativas al impuesto del 4 por ciento a las foráneas. Es decir, como cantaba Héctor Lavoe: “todo tiene su final, nada dura para siempre…”

Es tan grande el balde y tan fría el agua que lo que está en juego aquí son $2,000 millones de las rentas internas que recurrentemente entran al Departamento de Hacienda, o más de una quinta parte de todos los recaudos. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad se parece mucho al total que se recauda anualmente del Impuesto sobre las ventas y uso (IVU). En el lado de los gastos, es un poco menos de los $2,400 millones que son el presupuesto completo del Departamento de Educación. Así de grande es el balde.

La pregunta de muchos es, ¿qué pito toca el Tesoro Federal cuando de lo que se trata es de un impuesto de la Hacienda local? Es que ese impuesto, legislado magistralmente como salvavidas presupuestario, bajo la administración de Luis Fortuño, tiene la particularidad de pasarle la factura al Tesoro Federal.

Este impuesto recae sobre las operaciones de las empresas que anteriormente llamábamos “las 936”, y tiene la particularidad que es reclamable por estas empresas como una reducción de lo que tienen que pagarle anualmente al Tesoro Federal. Es decir que, como regla general, no les cuesta mucho a esas empresas, porque lo que pagan aquí, lo descuentan allá. Interesantemente, alrededor de 10 empresas pagan alrededor del 90 por ciento de lo que se recauda de este impuesto.

Desde su nacimiento el Tesoro Federal expresó informalmente su inconformidad con este impuesto, particularmente con la forma que fue diseñado, y en esencia miró para otro lado al momento de opinar formalmente si este nuevo impuesto se podía reducir de la planilla federal o no.

A través de los años, por diferentes canales nos enviaron el mensaje de que ese impuesto no puede ser permanente y que el Gobierno de Puerto Rico tenía que inventarse otra cosa.

Desde su nacimiento también, el poder reducirlo del impuesto federal suavizó en algo el trago amargo que provocóen estas empresas la aprobación de estalegislación. Legislación que fue aprobada a toda velocidad un fin de semana, tomando por sorpresa al sector manufacturero local e internacional. Todavía hoy existen empresas que han puesto freno al flujo de nuevos productos a las operaciones en Puerto Rico, por el temor a otra legislación nocturna o de fin de semana.

No creo en las casualidades y menos con un presidente como Donald Trump, quien además de sus prejuicios, ha sido el campeón de la campaña de penalizar a las empresas americanas que operen fuera de Estados Unidos. Para él, no me cabe duda de que las operaciones de Puerto Rico caen en esa categoría.

Lo peor de este nuevo frente de batalla que se abre, no es tan solo que está fuera de nuestro control porque depende principalmente del Tesoro Federal, sino que también impacta un sector industrial que, aunque menguante en términos de empleos, es el protagonista en términos de recaudos.

No hay plan fiscal, renegociación de deuda o presupuesto general que aguante tal grado de incertidumbre. Este ultimátum no pudo venir en peor momento, lo que provoca sin duda alguna que esta administración ponga como prioridad encaminar un proceso de transición viable para el Tesoro, para Hacienda y para nuestra economía.

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