Mario Marazzi Santiago

Tribuna Invitada

Por Mario Marazzi Santiago
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Un censo de inclusión

Las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico requieren un censo decenal que sirva para actualizar el diseño geográfico de los distritos electorales que componen los cuerpos legislativos, la llamada “redistribución electoral”.

Este proceso busca que cada distrito represente una cantidad similar de personas, para evitar se concentre el poder político en unos pocos distritos. Históricamente los partidos políticos se aprovechan de este proceso para obtener ventaja política.

Para el 2020, el gobierno de Estados Unidos propuso añadir una pregunta sobre la ciudadanía de cada individuo en el cuestionario censal. Será la primera vez, desde 1960 que se pregunta a todos en Puerto Rico sobre su ciudadanía (o naturalización). Para los puertorriqueños habrá una opción para contestar que somos ciudadanos por nacimiento en Puerto Rico, aparte de la ciudadanía de los norteamericanos.

Esta propuesta ha generado preocupación en Estados Unidos entre comunidades vulnerables, y personas con temor a participar de un proceso oficial como el Censo, incluyendo a los indocumentados: se piensa que se utilizará esta información para identificar, perfilar, y perseguir a estas poblaciones. De hecho, el asunto está ante la consideración de la Corte Suprema de Estados Unidos y se espera una decisión final en las próximas semanas.

Mientras el gobierno federal promueve esta pregunta bajo la premisa que es necesaria para implantar el Voting Rights Act de 1965, se proyecta que una pregunta de ciudadanía reducirá la participación de comunidades vulnerables, y resultará en estadísticas que invisibilizan a estas poblaciones. Mientras 24 gobiernos estatales y ciudades en Estados Unidos han demandado al gobierno federal para detener se añada esta pregunta, el gobierno local ignora el asunto.

Documentos publicados por el The New York Times dan a entender que se trata de un plan con el propósito de eventualmente proponer que la redistribución electoral se realice usando el número de ciudadanos en cada área geográfica, en vez del número de personas. Los cuerpos legislativos nuevos, no tan solo reflejarían los puntos de vista de los ciudadanos con derecho al voto, sino que además se marginaría a las comunidades vulnerables de ser consideradas en el diseño de los distritos electorales. Se invisibilizarían de nuestro sistema de gobierno, lo cual en Estados Unidos se piensa aumentaría el poder político de la raza blanca.

Como resultado, este asunto tiene una importancia trascendental para redimensionar la manera en que nos gobernamos. Peor aún, esta información también se utilizará durante la próxima década para planificar y establecer políticas públicas, y asignar fondos para diversas iniciativas como salud, educación, justicia criminal, entre otras.

Con la gran cantidad de personas y comunidades que viven bajo condiciones vulnerables en Puerto Rico, resulta risible que nuestro gobierno mantenga su cabeza en la arena en este asunto. En Puerto Rico, estos cambios aumentarían el poder político de las clases más adineradas, ahondando la gran desigualdad económica que ya vivimos.

Peor aún, con cada alma que no se cuente, todos perdemos fondos que se pudiesen asignar para apoyar la educación y salud de nuestros niños durante la próxima década o en fondos que se pudiesen atraer para invertir en proyectos de desarrollo humano.

En esta etapa, solo queda confiar que la Corte Suprema de los Estados Unidos descarte la pregunta de ciudadanía. Pero, de aprobarse, tenemos que resistir se que invisibilice el futuro de nuestros hijos más vulnerables, asegurando que todos participemos en el Censo.

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