Osvaldo Burgos Pérez

Punto de Vista

Por Osvaldo Burgos Pérez
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Un código excluyente que nace viejo

El Código Civil es el cuerpo normativo de mayor trascendencia en Puerto Rico luego de la Constitución del Estado Libre Asociado puesto que rige las relaciones entre las personas desde el momento en que nacen hasta después de la muerte.  Entre otras cosas, el Código Civil regula la personalidad jurídica, las relaciones familiares, la filiación natural, jurídica y adoptiva, el matrimonio, el divorcio, la administración de los bienes, las relaciones contractuales, la responsabilidad civil extracontractual (daños y perjuicios) y las sucesiones.  En vista de ello, su aprobación requiere de un proceso transparente, mesurado, de participación democrática y que responda a las realidades sociales, jurídicas y tecnológicas del momento y del futuro.

Es innegable que el Código Civil que hasta el día de hoy rige en Puerto Rico es uno que amerita ser enmendado pues responde a unas realidades distintas a las actuales.  Nuestro Código Civil actual data de finales del siglo XIX habiendo tenido su última revisión sustancial en 1930.  No obstante, eso no significa que la aprobación de un nuevo Código Civil deba ser realizado sin cumplir con un proceso de participación democrática y la búsqueda de consensos de manera que el producto final responda al bien colectivo sin exclusiones y que sobreviva en el tiempo sin la necesidad de tener que recurrir a litigios que pueden evitarse con un documento redactado y discutido responsablemente.

En términos procesales, mucho se ha hablado de la falta de transparencia y discusión del Código Civil propuesto y es que el proceso ha sido atropellado y antidemocrático, lo cual constituye un nefasto precedente sobre la correcta gestión legislativa.  El proyecto que hoy tiene posibilidades de convertirse en ley es un proyecto sustitutivo que nunca tuvo vistas públicas ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado de Puerto Rico.  Incluso, el proyecto original –sobre el cual sí hubo vistas públicas—no fue ampliamente discutido como reclaman sus defensores.   

Por otro lado, no existe un memorial explicativo que permita servir de guía al momento de interpretar cada uno de los artículos, lo cual unido a la falta de un amplio debate en ambos cuerpos legislativos va a repercutir en serias dificultades al momento que surjan controversias con su aplicación a circunstancias particulares.

En términos de contenido, este nuevo Código Civil, aparte de contener disposiciones sumamente contradictorias en materia tales como la personalidad jurídica del no nacido o el cambio del indicador de sexo en el certificado de nacimiento, entre otras, deja sin atender realidades de nuestra sociedad actual y que desde hace mucho tiempo debieron haber sido atendidas.  

Entre otras deficiencias, el proyecto actual deja sin regular las uniones de hecho manteniendo una situación de injusticia a miles de personas en relaciones de pareja no casadas en materias tales como la administración y división de bienes, alimentos entre parientes y sucesiones; tampoco atiende temas actuales como la filiación voluntaria de los hijos nacidos dentro relaciones del mismo sexo no casadas, por mencionar solo algunas.  En ese sentido, tenemos un Código Civil que nace viejo ante un sistema social que reclama atención a temas que ameritan la atención de nuestra legislatura en protección de la ciudadanía.

La prisa en la aprobación de este Código Civil en lugar de colocar a sus autores en un sitial de la historia como promoventes de una gran aportación al mundo jurídico, les colocará en el recuerdo de aquella administración que le dejó un nefasto producto a las generaciones que le sucedieron.

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domingo, 17 de mayo de 2020

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