Héctor Luis Acevedo

Punto de Vista

Por Héctor Luis Acevedo
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Un compromiso por el futuro

Puerto Rico usó su buen gobierno propio como carta de presentación para requerir y obtener mayores poderes para nuestro pueblo. Desde 1993 al presente el sistema político de gobierno propio ejemplar que guió al País cedió a tres factores: el fundamentalismo ideológico que antepuso sus estrategias de status al bienestar del pueblo, la negación de los gobiernos a enfrentar las difíciles decisiones financieras posponiendo y ocultando las mismas en préstamos pagaderos por administraciones futuras, y el individualismo unido a la dictadura del presente sobre el futuro.

La alternancia política fue el factor precipitante que fomentaba lealtades temporeras sobre las permanentes. En 1996 el Congreso eliminó la sección 936 sin sustituirla por ningún otro incentivo. Esto, junto a otras medidas que incrementaron recurrentemente el gasto público, son los vientos que formaron esta tormenta.

El 9 de junio de 2016 el Tribunal Supremo resolvió el caso de Sánchez Valle adoptando tres doctrinas: siendo el Congreso de Estados Unidos la fuente original del poder de acusar no puede separarse en dos fuentes originales y por lo tanto le aplica la cláusula de doble exposición denegando la petición del Gobierno de Puerto Rico. El ELA es un ente político con soberanía propia en el federalismo americano como si fuese un estado, siendo este status único en el régimen de gobierno de los Estados Unidos. Su creación, sostiene el Tribunal, significó un cambio sustancial en la relación política de Estados Unidos y Puerto Rico. Esta posición rechaza la adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Congreso tiene amplios poderes constitucionales para adoptar nuevos esquemas para tratar a Puerto Rico incluyendo el renunciar a sus poderes. Esa doctrina rechaza la posición adoptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En la opinión mayoritaria se hacen unos pronunciamientos muy importantes reconociendo el desarrollo constitucional de Puerto Rico destacando la Ley 600, la Convención Constituyente de 1951-1952, la Ley 447 aprobando la misma y la soberanía del pueblo de Puerto Rico sobre su gobierno. Afirma el poder del Congreso para acordar esquemas donde renuncie a poderes sobre Puerto Rico y las amplias posibilidades de futuro. Sin embargo, en el contexto de lo sucedido ese día, estos aspectos de la opinión se ahogaron en el estruendo de los resultados y el contexto de los otros sucesos.

Lo sucedido con la comunicación de este caso quedará en la historia como ejemplo de cómo una opinión del Tribunal Supremo se transmitió al público en muchos casos de manera distorsionada. Es un testimonio silente y brutal del poder del contexto, de la comunicación y del imperio de la percepción sobre los hechos.

Ese mismo día en horas de la tarde la Cámara de Representantes de Estados Unidos dominada con el Partido Republicano y con el apoyo de la Casa Blanca demócrata aprobóuna Junta de Control Fiscal Federal con poderes de reestructurar la deuda de Puerto Rico y de imponer un gobierno alterno en la Isla. La base de poder constitucional de ese proyecto es la cláusula territorial, Art. IV sec. 3 de la Constitución de Estados Unidos.

Entre los poderes de la Junta están supervisar y aprobar un Plan Fiscal y el presupuesto del País por encima de los poderes electos de Puerto Rico.

El 13 de junio de 2016 el Tribunal Supremo de EUA emitió una opinión validando la enmienda a la Ley de Quiebras federal de 1984 que dejaba fuera a Puerto Rico del mecanismo de reestructuración de deudas pero dejándolo dentro de la prohibición de legislar en este campo.

Hechos aislados como los vientos de una tormenta se unían y perdían su identidad original.

Así se escribe la historia. Puerto Rico llegaba a las consecuencias de sus vetos mutuos: disminución de su calidad de vida, quiebra de su gobierno propio por manos propias y con apoyo ajeno, gobierno expropiado de las manos de sus electores por acciones de sus elegidos usando el poder sin mirar sus consecuencias, por salir del paso y sin asumir su responsabilidad histórica. El presente se consume el futuro. Esta situación a mi entender, va a inhibir desarrollos políticos en Puerto Rico por los próximos años.

La agenda de futuro es rescatar nuestro gobierno propio. Esa lucha por un gobierno constitucional que ha quedado suspendido exige acción colectiva para la afirmación de nuestras esencias de pueblo. Estos retos exigen consenso de nuestro liderato político para retomar nuestro destino.

Ello va a requerir visión, autocrítica sincera, reconociendo nuestros errores y propósitos de enmienda con sacrificio y compromiso con las generaciones del mañana.

Todo desarrollo político, sea la estadidad, la independencia, la libre asociación o el ELA desarrollado necesita un gobierno responsable y libre de una Junta Fiscal que secuestra nuestra democracia. La libertad se gana y se defiende con gobierno propio responsable y sensible a causas grandes.

Lo hemos hecho antes y lo podemos volver a hacer.

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