Vicente Feliciano

Tribuna invitada

Por Vicente Feliciano
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Un diseño para atender la crisis

El presupuesto para el año fiscal 2018 recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló es un presupuesto de crisis y, como tal, es un presupuesto responsable. Hay recortes de $200 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), $100 millones al Departamento de Educación, $100 millones a Mi Salud, $175 millones a los municipios, $60 millones al Departamento de Justicia, $28 millones a la Asamblea Legislativa, entre otros.

El presupuesto recomendado implica recortes de gastos significativos en el gobierno central. Al mismo tiempo, el presupuesto reduce transferencias y fuerza a otras entidades a realizar sus propios ajustes. Este es el caso de la UPR y los municipios. Reducir las transferencias es responsable aunque es necesario analizar si la magnitud de los recortes es razonable.

El candidato Ricardo Rosselló ofreció pagar la deuda pública en su totalidad. Aparenta que el presupuesto recomendado por el gobernador Rosselló, consistente con el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, es de unos $400 millones en pagos de deuda. Durante el año fiscal 2018 vencen $3,280 millones de deuda del Gobierno central entre principal e intereses, incluyendo $1,775 millones entre Obligaciones Generales y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). No es posible levantar a Puerto Rico sin aliviar el lastre que representa la deuda pública. En este sentido, el presupuesto recomendado es responsable.

Mientras se requieren sacrificios de la mayoría del país, a los pensionados del Gobierno central, aquellos cuya aportación a los sistemas de retiro fue muy inferior a los beneficios que reciben de dichos sistemas, se les va a cubrir sus pagos de pensión con los impuestos del público en general. Por lo tanto, el fuerte ajuste fiscal que se está aplicando no beneficiará a los bonistas sino a los retirados del Gobierno central. Aunque esto podría ser políticamente prudente, desde el punto de vista económico y social no lo es.

No sería correcto tocar las pensiones ni de maestros ni de policías, quienes no tienen ingresos del Seguro Social. Tampoco sería correcto tocar pensiones bajas que apenas permiten a los individuos, entre pensión y Seguro Social, asomarse por encima del nivel de la pobreza. Por otro lado, hay pensiones sustanciosas que deberían ser impactadas.

Pagar las pensiones sustanciosas con los impuestos que se le cobra al pueblo no adelanta los imperativos económicos y sociales del País. Mantener las pensiones sustanciosas resta recursos que se podrían utilizar en infraestructura. Mantener las pensiones sustanciosas resta recursos que se podrían utilizar en programas para aumentar la participación laboral. Para mantener las pensiones sustanciosas se le cobra impuestos, incluyendo el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), a personas de bajos ingresos. Estas son las personas que subsidian a quienes reciben pensiones sustanciosas por las que no aportaron apropiadamente.

En términos generales, el presupuesto recomendado por el gobernador Rosselló es cónsono con la estrechez financiera que vive el País y sienta las bases para superar la crisis fiscal que nos golpea hace más de una década. También es un presupuesto de crisis que en el corto plazo agudizará la contracción económica.

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