Alberto Medina

Punto de vista

Por Alberto Medina
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Un error de juicio

Sorprende, por mucho, la falta de tacto institucional en la gestión de la cúpula judicial de nuestro país para procurar un aumento de sueldo, a todas luces desproporcionado, a la judicatura. Si en cualquier otro momento una pretensión así hubiese sido imprudente, en éste constituye una falta mayúscula a la sensatez y a la sensibilidad de un pueblo agobiado por una crisis económica de la hechura de la clase gobernante.

En la “razón de pedir” de la autoridad judicial puertorriqueña hay una falla lógica fundamental: la comparación con los sueldos de la judicatura de Estados Unidos. Como en muchos otros renglones de nuestra vida colectiva, la referencia impensada a la situación estadounidense como criterio decisorio nos lleva a adoptar medidas que no siempre son congruentes con nuestra realidad.

Quizá debamos recordar que, según los Casos Insulares, Puerto Rico “pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos”. Por mucho que quieran algunos, no somos ese país, ni tenemos ese nivel económico. Por lo tanto, usarlo como modelo para atender nuestros problemas es, francamente, un disparate monumental.

Como también lo es la comparación salarial con el sector privado para fijar la compensación en el ámbito gubernamental.

El servicio público en todas sus vertientes requiere un desprendimiento y una generosidad con el país. Quien pretenda ser remunerado en el gobierno de la misma forma que lo sería en la empresa privada demuestra un desconocimiento de los supuestos filosóficos del servicio público y una preminencia del interés propio por sobre el interés público.

Somos un país caribeño y latinoamericano, con recursos modestos y endeudado gravosamente por la irresponsabilidad fiscal de varios gobiernos, en contubernio con intereses privados de Puerto Rico y Estados Unidos. Es dentro de esa realidad de pueblo que tenemos que solucionar nuestros problemas. Pedir aumentos de sueldo desmesurados para una clase profesional que ya disfruta de una compensación que la coloca muy por encima de casi todos sus compatriotas es un error de juicio en quienes tienen la responsabilidad de adjudicar sensata y sensiblemente.

El país ya ha resentido la movida de hace algún tiempo para proteger las pensiones judiciales como caso aparte del resto de los mortales. Al margen de argumentos constitucionales y legales, aquella gestión dejó en nuestra gente una fuerte impresión de elitismo y egoísmo por parte de la judicatura. Una solicitud de aumento de hasta un 46% en la remuneración judicial en este momento refuerza esa mala impresión de clasismo y acusa una falta de sintonía con el país al que se sirve, casi tan grande como la del presidente chileno, que en estos días admitió no haberse dado cuenta antes de las necesidades de sus compatriotas.

La Jueza Presidenta haría bien en, sua sponte, presentar una “moción de desistimiento” de esta solicitud y, en todo caso, si lo juzgara imprescindible, someter una petición enmendada con unas cifras más a tono con la realidad del país y el buen juicio que debe caracterizar a los juzgadores togados.

Sometido.

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miércoles, 6 de noviembre de 2019

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