Juan Zaragoza

Tribuna Invitada

Por Juan Zaragoza
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Un festín contributivo

Allí estaba yo, en mis tiempos de Secretario de Hacienda tratando de explicar lo inexplicable a varios funcionarios del Tesoro Federal. Funcionarios, que por lo menos en los tiempos de Barack Obama, estaban muy al tanto de todas las fichas que se movían en el área fiscal y contributiva de Puerto Rico.

Trataba de explicarles por qué habíamos enmendado una sección de las leyes contributivas que habíamos copiado de ellos en el 1954, relacionada con “Acuerdos Finales” o “Closing Agreements”. La enmendamos para incluir una lista de asuntos que el Secretario no puede acordar y una prohibición de entrar en acuerdos sobre materias para las cuales no hay una autorización clara bajo la ley. Estaban asombrados, mostrando esa ingenuidad que a veces muestran los funcionarios federales sobre la capacidad creativa de nosotros los puertorriqueños. Comentó uno de ellos: “pero no es evidente que los acuerdos tienen que ser dentro de la Ley”. A lo que le contesté: “Things are different in the Caribbean”.

Empecé con un ejemplo que los aterrizó a la realidad: el acuerdo final de Doral Bank. Continúe explicándole que vivir en el Caribe provoca comportamientos en los funcionarios de Hacienda, que no se ven allá en el IRS. Acá, unos cuantos abogados y CPAs, que han hecho buen dinero con estos acuerdos, han tenido la teoría de que estos “acuerdos dudosos” son una herramienta para atender asuntos contributivos para los cuales no hay una solución clara. Algunos de los pasados secretarios y otros funcionarios, han adoptado esa interpretación por ignorancia (perdonen mi ingenuidad) o por conveniencia. Luego de mi explicación, otro de ellos expresó “la mejor herramienta para los casos complejos, es la aplicación estricta de la Ley, como lo hace el IRS.”

Recordé esa reunión al leer con incredulidad el proyecto de Reforma Contributiva donde se le conceden al Secretario, otra vez, poderes ilimitados para negociar. Para completar, Hacienda lo justifica, adivinen cómo y cito: “Son una herramienta para atender asuntos que no están claros en la ley”. ¿Si el trato preferencial que se persigue no está en la ley, no será por alguna razón válida?

Los nuevos poderes se conceden de dos formas diferentes, la primera, derogando gran parte de la lista de asuntos prohibidos que habíamos incorporado con nuestras enmiendas a la ley, incluida la más fuerte, la que requiere que el asunto cubierto en el acuerdo tiene que ser uno para el cual el secretario este claramente autorizado por ley. Recordemos, porque parece que a algunos se les olvida, que estos acuerdos son contratos, y a tenor con el Código Civil, no pueden ser contrarios a la ley, la moral y el orden público. Estas enmiendas tienen algo aún más interesante, y es que son temporeras. Ese abrir de compuertas es por lo que queda de cuatrienio; una vez lleguemos al 31 de diciembre del 2020, regresan las limitaciones originales. ¿Y esa fecha,por qué será?

La segunda, es creando un hijo ilegitimo de los acuerdos finales, pero astutamente cambiándole el apellido para disfrazar su parentesco. Le llaman acuerdos de pago, bajo los cuales el secretario puede, según estime conveniente para el interés público, “reducir, condonar o eximir” cualquier contribución adeudada, tasada o no, más los acostumbrados intereses, recargos y penalidades.

Interesantemente, ya la ley tiene una sección similar, pero esa requiere documentar la situación financiera del contribuyente para probarle al Secretario que no puede pagar. Esta por el contrario está disponible para que el secretario la aplique a quien él quiera. Demás está decir que estos acuerdos son privados y confidenciales.

Los profesionales que andan detrás de estas enmiendas las disfrazan como necesarias para el “desarrollo económico” y para atender situaciones que no están claras.

Se equivocan. Puntal del desarrollo tiene que ser volver a ser una sociedad de ley y orden, donde el cumplimiento con la ley se vea como un componente clave de la institucionalidad y donde la aplicación de la ley a todos por igual, a los influyentes y a los menos influyentes, se vea como una fortaleza y no como falta de herramientas de desarrollo. No necesitamos “flexibilidad”, lo que necesitamos es la aplicación de la ley a todos por igual. De hecho, hasta en el Informe del GAO publicado en los pasados días, se resalta el impacto negativo de estos acuerdos en el proceso de proyección de ingresos de Hacienda.

La avaricia y el poner los intereses personales por encima de los del país son cualidades humanas deplorables, y aún más cuando surgen en momentos de crisis y necesidad del pueblo. Es un pueblo que ve con terror cómo se desploman las columnas que sostienen el país en el que creyeron vivir.

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