José E. Muratti Toro

Punto de vista

Por José E. Muratti Toro
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Un golpe de estado “light” a la vista de todos

En el día de ayer, 23 de octubre, sucedieron tres eventos que aparentan evidenciar un “soft coup”, un golpe de estado “light” que el presidente Trump pretende realizar tan abierta y desfachatadamente que la oposición demócrata y ciudadana no sabe cómo atajarlo.

1) Un abogado del presidente arguyó ante un juez del Apelativo que el presidente no solo no puede ser acusado, sino que no puede ser investigado por cometer un crimen; ni tan siquiera puede ser detenido por la Policía en la comisión de un delito. La famosa frase de Trump durante su campaña de que podría dispararle a alguien en la 5ta. Avenida y no perdería ni un voto, fue utilizada como ejemplo ante el tribunal, y el abogado de Trump afirmó que, en efecto, la Policía no podría ni intervenir con el presidente aunque siguiera disparando a otras personas. Así como lo leen.

2) Un grupo de unos 24 representantes liderados por Matt Goetz, republicano por Florida, invadió el salón donde los comités que investigan los hechos relacionados con el intento de extorsión del presidente de Ucrania por Trump y un equipo dirigido por su abogado Rudy Giuliani, e interrumpió los trabajos para que no se pudiera escuchar a Laura Cooper, subsecretaria del Departamento de Defensa, que estaba deponiendo. Con su acción violaron la reglamentación que impide que se introduzcan celulares en una facilidad “segura” en la cual no se permiten artefactos electrónicos para impedir que adversarios de los Estados Unidos tengan acceso electrónico a lo que se discute en la misma.

3) Lev Parnas, uno de los asociados de Giuliani acusado junto a Igor Furman de violar la ley electoral al hacer donativos a las campañas de Trump y del candidato de Texas Pete Sessions, había sido arrestado en Dulles de camino a Viena con un boleto de ida hace una semana. El abogado de Parnas, que fue el de Paul Manafort, arguyó en su vista preliminar que había información sobre la cual no se podía interrogar a Parnas por motivo de “privilegio ejecutivo”, toda vez que él trabaja para Giuliani, quien es el abogado personal de Trump. (Paciencia que esto es complicado). Giuliani, por su parte, no le cobra a Trump por sus servicios, pero recibió de Parnas (recuérdese, su empleado), un pago de $500,000 por servicios rendidos. Se ha reportado que los $500,000 le fueron brindados a Parnas por Dmytro Firtash, un oligarca ucraniano del sector de gas natural, a quien se ha vinculado al crimen organizado en Rusia. En junio del corriente, Austria aprobó que Firtash fuera extraditado a los Estados Unidos, para enfrentar cargos por conspiración para cometer fraude. Un fiscal federal de Chicago emitió una orden de arresto en su contra por intentar sobornar empresas en la India para extraer titanio, metal que se utiliza en la manufactura de motores de jets. El Departamento de Justicia, liderado por William Barr, no ha ejecutado la orden de extradición.

A mí me gusta leer y escribir narrativas detectivescas. Sospecho que si sometiera un borrador de novela con esta trama se me reirían en la cara por inverosímil. Sin embargo, lo aquí descrito está sucediendo y tuvo lugar en un solo día.

El presidente, los secretarios de Justicia, Estado, Hacienda, Comercio, el vicepresidente, el liderato republicano de Cámara y Senado, los abogados del presidente y sus patrocinadores están violando estatutos constitucionales, leyes estatales y federales, y desafiando al país a que “hagan algo al respecto”. Su reto obedece a la consciencia de que cuentan con el respaldo de la mayoría de los republicanos inscritos, y un Partido Demócrata maniatado por dos condiciones procesales:

a) Hay unas reglas escritas y no escritas de decoro, que ninguna persona que respete la Constitución y su juramento de defenderla, junto a las leyes por ella cobijadas, puede violar sin cruzar al lado de quienes las están violentando con actitud desafiante y una impunidad que, hasta el presente, no ha sido coartada; y

b) Los demócratas, mayoría solamente en la Cámara, no cuentan con un cuerpo legal y legítimamente armado para impedir las transgresiones de los republicanos, mediante arresto, acusación ante tribunales o reclusión preventiva. Esa fuerza de “ley y orden” descansa en el Departamento de Justicia, cuyo secretario le sirve solamente al presidente. El sargento de armas de la Cámara difícilmente podría arrestar y encerrar en una pequeña celda en el sótano del Capitolio a los transgresores tanto del legislativo como del ejecutivo. Añádase a esto que el tribunal de última instancia, el Supremo, cuenta con una mayoría nombrada por el Partido Republicano, y que recurrentemente falla a favor de la administración.

Estamos viendo un pequeño golpe de estado para el cual ni los fundadores ni la Constitución formularon remedios claros. Tan pronto Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, invoque los artículos de residenciamiento, se anticipa que los republicanos comenzarán a emitir citaciones para “sus propios testigos” y retrasar, diluir o detener el proceso, justo antes de que comience el periodo eleccionario del 2020. De aprobarse los artículos de residenciamiento por mayoría en la Cámara, pasarían al Senado, donde Mitch McConnell ya ha advertido que podrá someter a votación ante el pleno el rechazo a la solicitud de un juicio del presidente por los miembros de Senado y presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Es de esperarse que el pleno del Senado, dominado por los republicanos, le votará en contra a la resolución de proceder con la realización del juicio según estipula la Constitución.

A pesar de que no menos del 50% de los estadounidenses encuestados en las últimas dos semanas favorece el residenciamiento de Trump y su remoción de la Casa Blanca, si el Congreso logra impedir o descarrilar el proceso, Trump permanecerá en su puesto y, de la misma forma que se envalentonó cuando no hubo acusaciones tras el informe de Mueller, se envalentonará aún más para impedir los trabajos de la Cámara. Inclusive, ya ha amenazado con realizar investigaciones y acusaciones contra miembros de la Cámara involucrados en el proceso de levantamiento de prueba para el residenciamiento.

Si con el apoyo de Rusia, que ya ha comenzado a socavar a los demócratas mediante cuentas falsas de Facebook, como en el 2016, y con los esfuerzos de múltiples estados de obstaculizar el voto de las minorías, como en el 2016, Trump sale reelecto en el 2020, los Estados Unidos quedarán inmersos en una dictadura abierta, donde la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y los servicios de inteligencia dirigirán el acoso y hasta enjuiciamiento y encarcelamiento de sus opositores y adversarios políticos. ¿Lo permitirán las Fuerzas Armadas o cederán al poder omnímodo de la presidencia?

Estamos presenciando un golpe de estado en cámara lenta, lo cual, saturados como estamos por los atropellos y disparatadas acciones del presidente, comenzamos a ignorar, a normalizar, a tolerar como algo inevitable. Un día despertaremos por el ruido de tanques y vehículos armados por las calles. Ese día podrían comenzarse a romper los cristales de los establecimientos comerciales de los inmigrantes. Ese día “cadetes” de las milicias armadas podrían comenzar a atentar contra las minorías raciales, ecologistas, de preferencia de amores. Ese día, es posible que miremos hacia atrás y digamos, “debimos haber parado esto a tiempo”. Ese día cada vez parece menos inverosímil, menos descabellado, más factible. Ese día podría estar a la vuelta de la esquina.

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