Alejandro García Padilla

Tribuna Invitada

Por Alejandro García Padilla
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E l pasado 28 de junio, anuncié que Puerto Rico no podrá pagar la deuda de $72 mil millones que mi gobierno heredó y que nuestro país acumuló al combinarse políticas administrativas insensatas con la irresponsabilidad de prestamistas inescrupulosos. En anticipación a esta dura realidad y conscientes de que en 1984 se nos excluyó de la aplicación del Capítulo 9 de la ley de quiebras federal, en el verano de 2014 propuse legislación que le permitía a Puerto Rico proceder de manera justa y ordenada con la reestructuración de la deuda. Esa ley se conoce como “Ley de Reestructuración Criolla”.

Un pequeño grupo de acreedores retó esa ley de reestructuración criolla y las cortes federales le dieron la razón. Apelamos el asunto ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y éste decidió atenderlo. Simultáneamente, durante los últimos meses, hemos dado una pelea dura en el Congreso de Estados Unidos para obtener las herramientas que Puerto Rico necesita para salir adelante. Los cabilderos de los fondos buitres que boicotearon el proceso y detuvieron a última hora las medidas que necesitamos son, en algunos casos, los mismos que pautan anuncios contra Puerto Rico en los medios de comunicación.

En los próximos días vence otra serie de pagos que no podremos hacer. El 4 de enero de 2016 vencen obligaciones del gobierno que ascienden a $757 millones más la deuda de la AEE, que alcanzó un acuerdo con sus acreedores. El Speaker de la Cámara federal, Paul Ryan, se comprometió a atender la situación antes de terminar marzo, pero estos pagos vencen ahora. Tenemos que actuar.

La falta de la protección que nos daría un régimen de reestructuración federal o una ley de quiebra puertorriqueña nos pone en la encrucijada de decidir qué pagos podemos hacer con los pocos recursos disponibles. En ese sentido, ha sido preciso sopesar el riesgo que supone un impago general para los servicios esenciales que el gobierno le ofrece a la gente, como son las escuelas, los hospitales, la Policía. Es decir, no solamente si a Puerto Rico le conviene el impago, sino si puede asumir sus consecuencias. Sabemos que los acreedores que han gastado una fortuna en cabildear en contra nuestra, están dispuestos a iniciar pleitos costosos contra Puerto Rico y a intentar embargar nuestras cuentas para privarnos del efectivo que necesitamos para dar servicios básicos a nuestra gente. Mi gobierno tiene ahora la responsabilidad de proteger lo más posible a nuestra gente de las graves consecuencias que supondría la suspensión forzada de los servicios públicos y un posible cierre del gobierno.

Recordarán que el 30 de noviembre dije que no seguiríamos haciendo los pagos a los fideicomisos a cargo del pago de las deudas no garantizadas por el ELA. A esa fecha, ya algunos fondos tenían cantidades suficientes para hacer sus pagos correspondientes. Esas cuentas suman $383 millones de los $757 millones que hay que pagar ahora.

Ante este cuadro, procederemos de la siguiente forma:

Primero, hacemos el pago de las siguientes deudas: los bonos de obligaciones generales, por $328,700,000. Este pago es posible debido a que de esa cantidad, la mitad, $163,000,000 provienen de los impagos que ordené el pasado 30 de noviembre conforme la sección 8 del artículo 6 de nuestra Constitución. Los bonos del BGF por $9,900,000. Los bonos de la AEP garantizados por el ELA por $92,000,000. Los bonos de la AFI también garantizados por el ELA por $11,400,000. Los bonos de la COFINA por $15,400,000. También pagaremos los bonos de la UPR por $1,700,000; los bonos del Distrito del Centro de Convenciones por $9,500,000; los bonos de la ACT por $101,700,000; los bonos del Sistema de Retiro de Empleados Públicos por $13,900,000 y los bonos de Fomento Industrial por $10,100,000.

De otra parte, no tenemos los recursos disponibles para pagar $35,900,000 correspondiente a intereses de bonos de la AFI que no están garantizados por el ELA. Los dineros del repago de la deuda de AFI están sujetos al “claw back” anunciado mediante la orden ejecutiva del pasado 30 de noviembre y se han redirigido a pagar la deuda garantizada por el ELA.

Tampoco tenemos los recursos para pagar $1,400,000 correspondientes a intereses de la PFC. Estos dos pagos que no se podrán realizar no cuentan con la garantía del ELA. Esa cantidad se suma a los $62,000,000 que PFC no ha pagado desde julio. En total, este año las instrumentalidades del estado no han pagado a sus bonistas más de $263 millones.

Como el 1 de diciembre activé la cláusula que permite el “claw back”, no se hacen nuevos pagos a los fideicomisos, lo que equivale a un impago y a que esas obligaciones de aproximadamente $7 mil millones no acumularán lo que corresponde a pagos futuros.

Esa decisión nos permite continuar el pago de los reintegros poco a poco, en los próximos meses. Así también, los suplidores continuarán a recibiendo parte de los pagos a los que tienen derecho. No tienen por qué ser ellos quienes único carguen las consecuencias del cabildeo en contra de Puerto Rico y la indiferencia del Congreso hasta el momento.

Al comunicar estas decisiones, he reiterado mi reclamo al Congreso para que provea a Puerto Rico las herramientas necesarias para restructurar la deuda de una manera ordenada. No estaré en la papeleta. Eso me permite otro reclamo: pedirle al liderato político nuestro, a los líderes puertorriqueños, hablar con una sola voz al Congreso. Para prevalecer en Washington necesitamos estar unidos.

Si el país está unido, estoy seguro que el sentido común, el debido procedimiento de ley y la justicia prevalecerá… y Puerto Rico saldrá adelante.

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