Rafael Cox Alomar

Punto de vista

Por Rafael Cox Alomar
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¿Un juicio amañado?

Y mientras aquí la candidatura de Wanda Vázquez se deshilacha a la velocidad del rayo, en Washington arrancó el juicio de residenciamiento contra el presidente Donald Trump. 

¿Y qué ha pasado hasta el momento? 

Que los demócratas y los republicanos andan como perros y gatos. 

¿Pero alcanzaron algún acuerdo sobre las reglas de procedimiento que regirán el juicio? 

A duras penas. En votación estrictamente partidista, con el voto en contra de toda la delegación demócrata, la mayoría republicana logró pasar la resolución procesal. Muy distinto a lo que sucedió en 1999 durante el juicio de residenciamiento contra el expresidente Bill Clinton, en donde las reglas de procedimiento fueron adoptadas por unanimidad; e inclusive distinto a lo que pasó en 1868 cuando el marco procesal del juicio contra el sucesor de Abraham Lincoln (Andrew Johnson), también fue acordado de común acuerdo entre los 54 senadores que entonces componían el Senado. 

¿Y qué procedimiento se acordó para el juicio del presidente? 

Un procedimiento bien acomodaticio a los intereses de Trump y su ganga republicana, encabezada por el senador de Kentucky Mitch McConnell --- quien hoy hace las veces de amo y señor del Senado. 

Conforme la regla que adoptó el Senado (53 a 47), los “managers” (o fiscales) de la Cámara federal (designados por la speaker Nancy Pelosi) tienen 24 horas durante el transcurso de 3 días para desarrollar su argumento de que el presidente debe ser destituido porque abusó de su posición, a la vez que obstruyó al Congreso en el descargue de sus obligaciones constitucionales. 

Acto seguido, la defensa del presidente gozará del igual tiempo para refutar e impugnar los argumentos y la prueba presentada por los “managers” de la Cámara. 

¿Y después? 

Los senadores tendrán 16 horas para hacerles preguntas a las partes. 

¿Y después?

Los 100 senadores tendrán que decidir si examinarán testigos, tales como John Bolton, Rudy Giuliani, Hunter Biden u otros, y si se incautarán de evidencia documental adicional del Departamento de Estado (u otras agencias) que la Cámara no tuvo tiempo de escudriñar. 

Esa votación, que está a la vuelta de la esquina, muy bien podría decidir la suerte de Trump. 

Haría falta que 4 senadores republicanos se le salgan del redil a McConnell para que los demócratas prevalezcan en su intento por examinar testigos en el hemiciclo del Senado. 

¿Y qué rol ha jugado el juez presidente John Roberts? 

Un rol pasivo y ceremonial, limitado a llamarle la atención al congresista Jerrold Nadler (presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara) y al asesor legal del presidente en la Casa Blanca Pat Cipollone por violentar con sus ataques el decoro de los procedimientos. 

Sobre el rol que debería jugar Roberts se cierne un debate constitucional, que aun no ha quedado del todo dilucidado.     

Y es que la Constitución no arroja la más mínima luz sobre qué papel debe jugar el juez presidente. Más allá de establecer que presidirá todo juicio de residenciamiento contra el presidente, no dice nada más. De hecho, es esta disposición la única en la que se menciona explícitamente la figura del juez presidente del Supremo en todo el texto constitucional. 

Distinto al juez presidente Salmon P. Chase, quien en 1868 presidió el juicio contra Johnson con mano de hierro, Roberts (al igual que William Rehnquist) mantendrá un bajo perfil; tanto así que todas sus decisiones están sujetas a revisión por el pleno del Senado. 

¿Pero es éste un juicio justo o amañado?

Amañado. 

¿Por qué? 

Porque, como cuestión de umbral, los topos en el Senado están cargados a favor de Trump. 

  

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