Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Un presupuesto mágico

Abracadabra. Como por arte de magia, mientras a los empleados de la empresa privada se les eliminarían los beneficios de la Ley 80 de despido injustificado, el presupuesto de la Oficina del Gobernador para el año fiscal próximo aumentaría en 182% en relación al actual.

Se sacrifican los beneficios de los trabajadores del sector privado para aumentar, además, en 28% el presupuesto de la inoficiosa y politiquera Comisión Estatal de Elecciones, y en 227% el de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

En un país quebrado por la crisis fiscal y devastado por el huracán María, también se aumenta en 40% la partida presupuestaria reservada para contratos de servicios profesionales, léase contratos externos que, en muchos casos, sirven para labores de funcionarios y empleados públicos. Estas partidas tradicionalmente esconden batatas políticas.

Los pagos por servicios públicos aumentarían en 23% y aquellos comprados subirían otro 16 por ciento.

La presentación del presupuesto para el año fiscal próximo, que se inicia el 1 de julio, hecha por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en una comparecencia televisada ante las cámaras legislativas el martes, no contiene estimados de ingresos para ese período, ni esboza el proyecto de código de incentivos, datos que son necesarios para el cuadre presupuestario y sin los cuales es imposible justificar la distribución de las partidas, que se reduce a un mero acto de magia.

Rosselló Nevares se plegó a los reclamos de la Junta de Supervisión Fiscal y propuso la derogación de la Ley 80, supuestamente a cambio de mantener derechos laborales tales como el bono navideño, y los días de vacaciones y enfermedad.

Nunca mencionó en su mensaje los beneficios económicos que se obtendrían de la eliminación de dicho estatuto, vigente desde 1976, ni los aumentos exorbitantes a los presupuestos de La Fortaleza, OGP, la CEE y otras entidades gubernamentales. Se dejan sin efecto los anticipados recortes a la Administración de Asuntos Federales, la oficina de la comisionada residente Jenniffer González, y la Legislatura.

Las aportaciones a los municipios aumentarían prácticamente en $128 millones sobre los $175.8 millones recomendados. Claro está, quedarían todavía por debajo de los $399.9 millones gastados en el año fiscal 2017-2018, a punto de terminar.

Ni los legisladores de su propio Partido Nuevo Progresista están convencidos de los beneficios que supondría derogar la Ley 80. La supresión de este estatuto redundaría en pérdidas económicas para el gobierno, que tendría que desembolsar beneficios de desempleo, además de otorgar más ayudas sociales a los empleados despedidos sin justificación de la empresa privada que ya no cobrarían la mesada que les otorga la Ley 80.

En resumen, sería el puntillazo de gracia para acabar con la ya maltrecha y reducida clase media en el país, donde el poder adquisitivo se achica cada día más, como demuestra el alarmante alza en los precios de alimentos, gasolina y vivienda registrados tras el huracán María.

Como corolario, podemos decir que los pobres serán más pobres, la clase media seguirá disminuyendo, y la administración Rosselló Nevares tendrá más dinero para la campaña reeleccionaria del gobernador para los comicios del 2020.


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