Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Un pueblo en conturbación colectiva

Los arrestos de figuras de la prominencia de dos exfuncionarias de alto perfil como son la exadministradora del programa de salud pública y la exsecretaria de Educación, aturden profundamente la conciencia de todos los puertorriqueños de bien. Especialmente de quienes levantan, cansados por la faena del día anterior de fuerte trabajo, para iniciar otro de dedicación dura y esfuerzo que le permita poner los platos sobre la mesa con dinero adquirido con el producto honesto de su servicio leal al pueblo.

De entrada, debo advertir: reconocemos la presunción de inocencia que garantiza la constitución local de gobierno a todo acusado. Corresponde al Estado aportar el peso de la prueba que sostenga sus acusaciones, y a los acusados su derecho a la presentación de la evidencia que impugne con éxito cada pliego acusatorio. Es asunto de los tribunales.

En segundo lugar, no es este día, de conturbación y rabia colectiva, ocasión de celebración cínica por políticos de la oposición gubernamental. El nombre de la corrupción pública aquí es de registro universal, no autónomo de un partido, un funcionario, una administración en particular. En Puerto Rico –como evidencié en mi libro “Corrupción e Impunidad en Puerto Rico: la caída moral de líderes políticos y funcionarios públicos”– no ha habido gobierno alguno que haya concluido un cuatrienio librado del flagelo de la corrupción, que asomó tan tempranamente con el robo del “hombre del chaquetón verde” que vació las bóvedas del Departamento de Hacienda en 1946, siguiendo con la destitución del alcalde popular de Río Piedras en 1949, y así, sin cesar. La magnitud de tan innoble conducta se comprende mejor cuando se toma nota, como lo hice en mi libro, de estas abrumadoras estadísticas: desde la década de los 1900 hasta la de los 2000, cerca de 2,750 servidores públicos en todos los escalafones del organigrama gubernamental, ha sido acusados y convictos por actos de corrupción, entre ellos 89 alcaldes, 55 legisladores, 23 jefes de agencias y 25 subjefes de estas. Es el de hoy, día de profunda reflexión… de reflexión colectiva para aunar voluntades que detengan –ya– esta epidemia de la corruptela pública.

Ha hecho bien el gobernador –y está a la altura de lo que de él debía esperarse– cortar sus vacaciones anuales y regresar a Puerto Rico, al centro de mando de la operación gubernamental y tomar el toro por los cuernos. Su reconocido enojo con cualquier desvío de los caminos de la honestidad y la pulcritud en el desempeño público es credencial que le permite garantizar al pueblo que hay manera de enderezar este camino torcido por hombres y mujeres que le han fallado, no sólo a él, sino, más trágico, a un pueblo de la generosidad del nuestro, que no merece un día de infamia como este.

Señor gobernador, azuce por cada rincón de cada agencia, corporación pública, junta, comisión, consejo un “perro sabueso” adiestrado y listo para arrancar de cuajo la primera mano que se alargue para tratar de robar no sólo el dinero sino también la esperanza de cada puertorriqueño.    

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