Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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Un selfie con la papeleta, please

Una moderna modalidad de corrupción electoral, ataque a la dignidad del elector y atraco a la democracia participativa, mediante el uso malsano de los avances tecnológicos en las comunicaciones, está en marcha cara a las elecciones generales del 8 de noviembre, y es de rigor detenerla. Voy a hacer la denuncia, pero antes, sólo en pocas líneas, quiero referirme a la historia que publica El Nuevo Día sobre otra modalidad de flagelo electoral.

Trata del viaje de cientos y hasta miles de puertorriqueños que se han mudado a otras jurisdicciones, principalmente a Nueva York, la Florida y Chicago, donde tienen domicilio permanente, algunos por décadas. Pero aparecen por acá cada cuatro años, con boletos aéreos financiados por su respectivo partido en muchos casos, para votar y regresar a su domicilio permanente. Hay políticos que insisten en que no hay violación de ley en ese ejercicio, pero sí la hay: se viola el artículo 6.004 de la ley electoral que establece que en las elecciones en Puerto Rico solo puede votar quien tenga su domicilio en la isla y que cada elector podrá votar sólo en el precinto en que resida.

La práctica –una singularidad de la compra de votos– no es nueva. Recuerdo mis días de adolescencia en Añasco al acercarse las elecciones. Cómo empezaban a aparecer caras “nuevas” por el pueblo. Muy bien vestiditos todos y muy acicalados, sus rostros blanquitos, como cuando se está en casa a resguardo del frío y ante la ausencia de sol. Eran los “votantes visitantes” que acudían al llamado de su partido (casi exclusivamente el Partido Popular Democrático) para asegurar un triunfo “grande y decisivo” a la pava. Se decía por esos días en el pueblo que se estaba celebrando anticipadamente el Día de los Añasqueños Ausentes, que oficialmente se celebra en enero siguiente, durante las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad.

Nunca entendí ese afán por los “votantes ausentes” de entonces, en el auge del hegemonismo popular, cuando la ventaja del partido y su candidato a la gobernación oscilaba entre los 25 y 30 puntos porcentuales en relación con el más cercano rival. Hoy, la cosa es distinta. En una época en que la ventaja del gobernador elegido es tan pírrica como el .18% de 2004 y el .60% de las elecciones anteriores, los “votantes visitantes” pueden hacer la diferencia. De ahí que ahora la caza por esos votos ilegales es causa común de alcaldes populares y novoprogresistas, como lo han aceptado algunos de ellos.

Lo dejo ahí, con la esperanza de que en algún momento cercano –ya que sería imposible para noviembre– se detenga esa modalidad de corrupción electoral. Y ahora, a lo que voy.

Es algo tan malo, sino peor, que lo de los “votantes visitantes”. Es una práctica que, según se me ha explicado, está dándose en varios municipios, que viola el derecho al voto “igual, libre, directo y secreto” de que habla el artículo 6.001 del estatuto electoral. Coordinado o no, está montándose un esquema de violación de esa disposición, que además constituye un ultraje a la dignidad del elector y a su integridad personal, además de atentar contra el derecho a un trabajo que le permita su sustento y el de su familia.

Echando mano de la tecnología en las comunicaciones, políticos inseguros de su triunfo, o glotones de poder, especialmente alcaldes, están recurriendo a la abusiva y denigrante práctica de exigir a sus empleados –de carrera y hasta de su confianza– que acudan a la caseta electoral con su teléfono celular y, luego de hechas las cruces correspondientes, le tomen una foto a la papeleta marcada y se la transmitan al número de teléfono indicado, para asegurarse de su “lealtad” hacia el patrono. Habrá quienes se vean obligados a acceder a tan deleznable abuso del poder público. Son los que seguramente tienen como única fuente de ingreso familiar su trabajado en la alcaldía y saben a lo que se exponen frente a la total ausencia de escrúpulos de quien le pide “lealtad” violando el derecho más valioso en toda democracia: el del voto.

No veo en el estatuto electoral una disposición clara y directa que impida la entrada del elector a la caseta de votación con un teléfono celular con dispositivo de cámara. Lo más que se acerca es el inciso 10 del artículo 6.001 que garantiza “el derecho a la libre emisión del voto”. Desde luego que amenazar, so pérdida de empleo, a un elector a votar como quiere su patrón, constituye, o debería constituir, una violación de esa disposición.

Quisiera pensar que hay tiempo para que la Comisión Estatal de Elecciones atienda esa amenaza por la vía tecnológica a la democracia puertorriqueña.

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