José Curet

Tribuna Invitada

Por José Curet
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Un siglo de ciudadanía

Ondeaban banderas, y al son de estribillos se escuchaba en días recientes a un animado grupo, cerca del Capitolio, vitorear celebrando el siglo y un año de la ciudadanía. Entre el eco distante, mientras me alejaba del ruido de aquella celebración, también llegaba el recuerdo de viejas lecturas sobre unos enérgicos debates en torno a la imposición de aquella ley, un siglo atrás.

Acudí a la “Historia de los Partidos”, del legislador e historiador Bolívar Pagán. Encontré allí citas de aquel fogoso discurso de nuestro comisionado residente entonces, Luis Muñoz Rivera. “Nosotros profesamos una profundísima consideración a vuestras ideas nacionales -dijo entonces en el Congreso- profesadla vosotros también a nuestras ideas regionales…Sería extraño que habiéndose negado a concederla (ciudadanía) mientras la pidió la mayoría del pueblo; os decidáis a imponerla ahora que la mayoría del pueblo la rehusa”.

Aludía allí a antiguas peticiones en las vistas congresionales en vísperas de eliminar el gobierno militar con la Ley Foraker. Entre los deponentes estuvo el general Davis, último gobernador militar, quien junto a otros oficiales se oponía a la concesión de la ciudadanía. Se optó entonces por crear un ente, People of Porto Rico. Se rompía así aquella vieja norma mediante la cual al plantar bandera, ex propio vigore, comenzaba el proceso de incorporación del territorio. Los casos insulares, más tarde, confirmarían nuestra actual condición de “territorio no incorporado”.

La imposición de la ciudadanía, con la Ley Jones de 1917, sin embargo no nos despojó de aquella otra ciudadanía puertorriqueña reconocida en la Ley Foraker. Como recuerda el fenecido amigo y jurista Antonio Fernós López-Cepero: “la ciudadanía americana que la Ley Jones otorgó a los puertorriqueños… no los integró a los Estados Unidos, no los convirtió en americanos, ni los despojó de su condición de puertorriqueños, ni de su ciudadanía puertorriqueña. Seguíamos -concluye Fernós- y seguimos siendo un pueblo, una nación”.

La cercanía de la aprobación de la Ley Jones, pocas semanas antes de la declaración de guerra a Alemania y la ley del servicio militar obligatorio, ha llevado algunos a entrever erróneamente una conexión entre ambos. Como nos recuerda José Trías Monge, no hubo tal conexión. El proyecto de ciudadanía se consideraba desde antes, y retrasarlo más, “significaba la muerte del proyecto (Jones)”.

Entre los recuerdos llega también una conversación con el fenecido licenciado Juan Santiago Nieves, en aquellos foros televisados de Agenda Abierta. Explicaba allí el problema constitucional con el cual se enfrentó entonces el Congreso. Los habitantes de aquellos territorios continentales conquistados por Estados Unidos y habitados por indígenas (“Native-Americans”) aún no poseen ciudadanía norteamericana. Los afro-norteamericanos hasta hace muy poco poseían una ciudadanía de segunda clase. Pero nosotros no somos indios ni afroamericanos, así que se optó por una ciudadanía “estatutoria”, la misma que tenemos hoy. Aclaró también, ante los temores sembrados entre parte de la población, que no pueden despojar la ciudadanía a quienes la poseen; pero tampoco garantiza la inminente llegada de la estadidad.

Hoy, contrario a la época de Muñoz Rivera, cuando entonces la pobreza era endémica, se piensa en la ciudadanía como avenida de progreso. Y quizá sea cierto a primera vista. Pero de la misma forma que abre fronteras a nuestra diáspora, también aquí ahora se han abierto las compuertas para especuladores de nuevo cuño, con criptomonedas, quienes adquieren a precio de quemazón inmensas propiedades maltrechas. Así también llegaron en el siglo pasado aquellos “carpet baggers”. Y aunque la historia no se repita, debe servir al menos para abrirnos los ojos antes de festejar nuevamente otro siglo de la ciudadanía.

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