Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Un triunvirato federal a cargo de Puerto Rico

Luego de cinco semanas del paso del ciclón que cambió nuestras vidas, comienzan a reaparecer las malas prácticas de gobierno que nos llevaron al fracaso como sociedad.  La polémica en torno al millonario contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con la empresa White Fish, ha dejado ver que el mal juicio, la falta de transparencia y las malas decisiones administrativas vuelven a regir las decisiones del gobierno.

A más de un mes del paso de María nos encontramos aun en una zona de peligro y a la misma vez, el gobierno da muestras de agotamiento y de incapacidad para administrar el proceso de recuperación de la Isla.

La crisis parece trascender la capacidad de este o de cualquier gobierno civil y en quiebra que no tiene la pericia para devolvernos a la normalidad luego de la devastación ciclónica.

El panorama se complica, al comenzar a surgir la política partidista dentro del proceso de recuperación, como si ya no tuviéramos suficientes problemas.  Dicho lo anterior, ante el colapso de la capacidad del gobierno, y la dimensión de la crisis, el Congreso necesita implementar una solución real a la crisis humanitaria puertorriqueña.

Los costos fiscales, sociales y económicos, allá en el norte, y acá, en la insularidad, pueden ser altos, si se deja el problema suelto sin una solución realista y efectiva.

Ingenuamente había pensado que el azote mortal de María, que por semanas nos llevó a un estado de vulnerabilidad pocas veces visto, cambiaria la manera de hacer gobierno. Pero no, aún con el trauma colectivo aún presente en todo el país, y con cientos de miles de hermanos boricuas en estado de crisis humanitaria, ya asoman las malas prácticas gubernamentales. 

Aún es prematuro para saber si hubo delitos o irregularidades en la contratación de White Fish pero si se probara eso, el gobierno y Puerto Rico quedarían muy mal parados ante la opinión pública de los Estados Unidos.

Justo cuando el Congreso y el Gobierno Federal, deciden como habilitar programas para ayudar a la recuperación de la Isla, esta polémica, puede tener consecuencias terribles y desviar la atención del Congreso.

La situación es más dolorosa aun cuando se mira desde la perspectiva que la AEE, desde hace tiempo se convirtió en el principal enemigo de los consumidores y de la economía, al cobrar tarifas excesivas resultado de la mala gerencia en esa corporación pública.

Hoy, si Puerto Rico, continúa apagado a más de un mes del paso de María es porque teníamos un sistema eléctrico, frágil y obsoleto, carente de mantenimiento y una AEE en insolvencia, en proceso de quiebra. El fracaso del monopolio energético estatal, que fue punta de lanza de nuestro despegue industrial a mediados del siglo anterior, hoy es nuestro mejor ejemplo de fracaso como sociedad.

Ante la clara incapacidad del gobierno y ante los potenciales riesgos sistémicos para la economía y la estabilidad del territorio, el Congreso debe legislar y crear un ente administrativo que tome las riendas del territorio en estado de emergencia.  El ente federal debe estar integrado por La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Departamento de Defensa y la Junta de Supervisión Fiscal.

Mediante legislación federal, este triunvirato de organismos debe ser provisto de poderes especiales para gerenciar la recuperación física de la Isla, y asegurar la estabilización de la infraestructura física y la recuperación financiera y económica.  

Posiblemente, nunca, ningún estado o territorio en los Estados Unidos había enfrentado, de forma simultánea, una catástrofe de esta dimensión, y a la misma ves estar en quiebra, sin recursos fiscales, y sin acceso a los mercados de capital, con una deuda de $70,000 millones. Para agravar el panorama, hay un serio problema de legitimidad de las instituciones locales ante sus ciudadanos, que impide una gobernanza efectiva en medio de la emergencia.

Dicho lo anterior, el Congreso tiene que mirar con detenimiento la situación inédita que enfrenta su territorio y decidir si implementa una política pública clara que atienda los múltiples desafíos que enfrentamos. Mirar para el lado, solo agravaría las cosas, y se multiplicarían los problemas, así como los costos para el Departamento del Tesoro Federal.

Si no hay un pronto regreso a la normalidad, la emigración de al menos un millón de puertorriqueños hacia el norte es un escenario real en el corto plazo. Peor aún el despilfarro de las ayudas federales pudiera debilitar el proceso de reconstrucción de Puerto Rico, y levantar descontento en amplios sectores de los Estados Unidos. El Congreso debe evitar tener un estado fallido (failed state) dentro del sistema federal.

En fin, urge acción inmediata del poder federal antes que se agraven más las cosas, los problemas se multipliquen, y los costos sociales y económicos de la crisis trasciendan la capacidad local y del gobierno de los Estados Unidos. 

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