Arturo Estrella

Tribuna Invitada

Por Arturo Estrella
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UPR: hay que entregar la tarea

El pasado 10 de enero, la Universidad de Puerto Rico recibió un nuevo azote cuando la Middle States Commission on Higher Education amenazó con quitarle la acreditación, lo cual puede ser fatal para una institución educativa. Los rectores de los 11 recintos recibieron cartas idénticas explicando el motivo de la acción proyectada y dándoles la oportunidad de someter argumentos que justificaran que no se tomase la acción.

El problema al que la Comisión aludía no era la calidad de la educación, de los profesores, de los estudiantes, de la investigación o del personal no docente. No se refería a los salones de clase ni a los laboratorios. La razón se reducía a que la administración universitaria no había entregado su asignación.

Entre las pautas que la Comisión aplica a las instituciones docentes, hay una que exige que se sometan documentos que detallen los procesos y recursos de planificación de la institución, incluyendo estados financieros auditados. La Universidad de Puerto Rico dejó pasar la fecha límite de entrega de esta asignación, y como haría un profesor concienzudo, la Comisión amenazó con darle F.

Se entiende por qué la Comisión requiere que se someta esa información para efectuar una evaluación integral de la institución. No basta con observar el estado actual de sus operaciones, sino que también hay que proyectar su dirección futura. El valor de los grados universitarios en el mundo exterior depende de la reputación de que goza la institución que los confiere, y perder la acreditación podría afectar, no solo a los estudiantes presentes, sino también a los ya egresados.

Por otro lado, se entiende también que la Universidad de Puerto Rico ha pasado, y todavía pasa, por tiempos muy difíciles y que esto puede afectar su habilidad de cumplir con las responsabilidades administrativas. El ciclón María causó trastornos, como en toda la isla, y ya antes de ese evento venían vientos huracanados desde la dirección de la Junta de Supervisión Fiscal.

¿Por qué la Comisión no tomó estos factores en consideración al redactar las cartas que envió a los decanos? Después de todo, un profesor puede extenderle el plazo a un estudiante responsable que no entrega una asignación a tiempo por razones legítimas. El problema aquí podría ser que existe una percepción de que el retraso no representa un incidente aislado, sino un patrón más endémico.

Por ejemplo, la prensa reportó recientemente que la administración de la Universidad entregó a la Comisión el 14 de enero los estados financieros auditados del año fiscal que terminó en junio de 2017. Es cierto que toma tiempo preparar y auditar estados financieros, pero ¿tiene que tomar más de un año y medio? ¿Cómo se pueden tomar decisiones importantes si la información disponible es obsoleta?

El cínico podría conjeturar que los académicos piensan demasiado en política, física y metafísica, y no lo suficiente en los estados financieros, pero en Puerto Rico esta tendencia no se limita a la academia. Las agencias de gobierno, que han operado por décadas en los mercados financieros y que deben muchos miles de millones de dólares, tienen un historial aun peor.

Al presente, los últimos estados financieros auditados del gobierno del ELA que aparecen en las páginas de la red del Departamento de Hacienda, presentados en junio de 2018, corresponden al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2015, hace casi cuatro años. Y eso que el gobierno está bajo la lupa de la Junta de Supervisión Fiscal y de los mercados financieros que se rehúsan a prestar hasta que se resuelvan los problemas financieros. En todos lados hay que darle más atención a cuadrar las cuentas.

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