Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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UPR: resistirnos, no resignarnos

Un día, miss María Luisa Rodríguez nos puso a debatir el conflicto de Antígona entre cumplir la Ley del ser humano y la Ley de Dios. Al cabo de un rato, angustiado, le pedí una respuesta. “La respuesta debes buscarla tú mismo —me dijo—. Quizás te convendría estudiar Derecho”. Yo tendría dieciséis años y cursaba mi tercer año.

Fue en ese momento que miss María Luisa sembró en mí la idea de ser abogado, algo que resolvía mi cuestión vocacional, pero que no resolvía el escollo mayor: ¿cómo ser abogado si eso requería ir a la universidad y en mi casa no teníamos recursos económicos para costearle estudios universitarios a nadie? Éramos gente de campo; mi padre era un dependiente de tienda con salario mínimo, y mi madre una ama de casa a cargo de seis hijos.

Llegado el momento, la orientadora escolar me dijo que tenía la probabilidad de ser admitido a estudios universitarios con una beca legislativa. Sin embargo, la beca solamente cubría la matrícula, los libros y una mensualidad para el hospedaje; no los gastos personales. Entonces, mi padre decidió que mi madre también trabajara como dependiente. Así se cubriría lo que la beca no cubría. Y nada para recreo.

Vine a estudiar al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con el sobrecogimiento que sentimos los del campo cuando llegamos por primera vez a la gran ciudad. La disparidad con muchos de mis compañeros de clase era evidente, no solo en el vestir y en el decir, sino en la apreciación de las cosas de la vida. Muchos venían de colegios privados, con las ventajas que eso implicaba; tenían sus propios carros y no tenían que vivir en Santa Rita; sus familias les pagaban apartamentos. El Gobierno me becó y mi madre me enviaba por correo para gastos personales $15 todos los jueves. Con el tiempo pude conseguir un empleo a tiempo parcial. Así transcurrieron mis primeros años universitarios.

Siete años después me graduaba de abogado en la UPR, como me lo había sugerido miss María Luisa. Luego ingresé al servicio público, de donde me jubilé casi treinta años más tarde. He tenido una vida profesional productiva y, a mi modo de ver, le he podido devolver a mi País lo que invirtió en la UPR para mi beneficio. La UPR funcionó en mi caso —como en el de la inmensa mayoría de los estudiantes que han pasado por sus aulas— como mecanismo de nivelación social. Pertenezco a esa generación, a la generación favorecida por el talante visionario de los gestores de un Puerto Rico en desarrollo, fiscalmente sólido, y económicamente confiable.

La inversión del Gobierno en la educación universitaria pública ha sido siempre asunto prioritario, y la UPR, con sus altas y bajas, ha podido brindar una educación universitaria de excelencia. Pese a los escollos que ha tenido que superar, sus profesores se han esforzado y los estudiantes han colaborado para que se mantengan los altos niveles de rendimiento académico. Las grandes contribuciones de nuestra Universidad al desarrollo de las ciencias, el comercio, la agricultura, la industria y las artes en el País son innegables y socialmente imprescindibles.

La UPR es y continuará siendo vía de superación para los puertorriqueños; un afluente principal del desarrollo de Puerto Rico. Nuestra Universidad provee los recursos humanos necesarios para el mejoramiento de los servicios públicos y privados del País, de la calidad de vida del puertorriqueño luchador. La UPR ha permitido que los hijos de los obreros, agricultores y empleados públicos y privados de distintas categorías hayamos podido mejorar la condición económica con respecto de nuestros padres. Sobre todo, los hijos de los pobres hemos podido sumarnos a las filas de los profesionales que hoy servimos con orgullo y dignidad a la sociedad puertorriqueña.

Si la Junta de Control Fiscal no entiende esto, entonces no entiende nada. Por eso debemos resistirnos, no resignarnos.

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