José González Mercado

Tribuna Invitada

Por José González Mercado
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Urge revisar procesos de expedir órdenes de protección

Detener la violencia de género en Puerto Rico será una de las prioridades de esta Administración en 2019. Para lograr atajar este mal social que crece en tantos países, al igual que jurisdicciones de los Estados Unidos, tenemos que revisar todo el aparato que existe para proteger a la víctima.

Una de las áreas que miraremos es la cantidad de órdenes de protección otorgadas por los tribunales en comparación con las solicitadas. También, es de gran relevancia conocer cuál es la tasa de extensión de término de esas órdenes. Usualmente la primera orden se brinda por un período de hasta seis meses y, de continuar el patrón de violencia, usualmente se solicita una extensión de hasta un año adicional. 

Según cifras disponibles, el 2006 a 2016, el 67 por ciento de las solicitudes de órdenes de protección por incidentes de violencia de género en Puerto Rico fueron otorgadas. Esa cifra contrasta dramáticamente con el 84 por ciento registrado, en ese mismo espacio de tiempo, en todas las demás jurisdicciones de los Estados Unidos.

Además, hay que mirar los efectos que ha tenido el cierre de salas de justicia a nivel municipal. No me cabe la menor duda de que la clausura de tribunales municipales, así como la reducción de días de trabajo en salas municipales que aún permanecen abiertas, ha tenido un efecto negativo en el número de víctimas que deciden solicitar una orden de protección. 

Por ejemplo, el tribunal de Toa Alta otorgó 236 órdenes de protección en 2015, cuando operaba a toda su capacidad. En Orocovis, ese mismo año, se expidieron 164 órdenes; nuevamente, en salas que operaban todos los días de la semana. Estos dos tribunales ya no operan los cinco días de la semana algo, que a nuestro entender, reduce las oportunidades disponibles para la víctima.  

¿Qué sucede si con una víctima que reside en un municipio cuyo tribunal cerró o no está abierto el día que decide solicitar protección? Quizás decida irse a otro tribunal o, tal vez por falta de recursos como un vehículo, la víctima no pueda moverse a otro pueblo y desista de pedir la protección. 

A estas y otras preguntas son las que vamos a buscarles respuestas en las próximas semanas.

Actualmente, la compañera representante Maricarmen Mas tiene una resolución para investigar las razones que explican el reducido número de órdenes de protección otorgadas en la isla. Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, ha dicho que trabajará legislación adicional en su Comisión a los fines de brindar más protecciones a las víctimas de violencia de género.

Al mismo tiempo, radicaremos una resolución para investigar el efecto real que ha tenido el cierre, completo o parcial, de los tribunales municipales alrededor de la isla. 

Todos conocemos la realidad fiscal del gobierno, incluyendo la de la Rama Judicial, pero tenemos la responsabilidad de proteger los derechos ciudadanos y brindar seguridad. Si no hay el dinero para tener más salas abiertas, tenemos que ser creativos y encontrarlas soluciones.

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