Carlos Romero Barceló

Tribuna Invitada

Por Carlos Romero Barceló
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¿Válidos los decretos tributarios?

Desde hace más de 50 años el Estado Libre Asociado (ELA) está invitando a corporaciones e individuos a establecer fábricas en Puerto Rico y les promete otorgarles decretos que les eximen de pagar contribuciones sobre ingresos. Pero esos decretos violan nuestra constitución.

Pues sí, aunque no lo crea, ha estado ocurriendo por décadas. No dude que muchos abogados, economistas e inversionistas salgan a decir que lo que digo es mentira. Dirán que los decretos de exención contributiva, por 10 o más años, que le otorga el Banco Gubernamental de Fomento a las industrias, son válidos y además constituyen un contrato entre las partes.

Mi contestación a los que dicen que los decretos son válidos es el Artículo VI, Sec. 2 de la Constitución que lee así:

“El poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar imposición y cobro por los municipios se ejercerá según disponga la Asamblea Legislativa y nunca será rendido o suspendido…”.

Como dicen en el campo, “más claro no canta un gallo”. Obviamente, si la Legislatura no puede rendir ni suspender su poder de imponer y cobrar contribuciones, menos puede otorgar una exención contributiva por 10 años o más. ¿Por qué? Porque al hacerlo estaría rindiendo y suspendiendo su poder de cobrar impuestos. Peor aún, estaría prohibiéndole, por 10 años o más, a las próximas legislaturas el poder imponerle y cobrarle contribuciones a los que se les otorgue un decreto.

La Legislatura no puede renunciar ni suspender su poder de imponer contribuciones y mucho menos puede delegar a Fomento el poder de eximir del pago de contribuciones.

¿Y por qué no sirve el modelo que tenemos? Porque nuestro modelo económico está basado en darle más y más exenciones a los multimillonarios que no son de aquí, quienes son además, los que más ganan. Por otro lado, aprietan y ahogan a los de aquí. Sobre todo, a la clase trabajadora, a la clase media y a las pequeñas empresas.

Yo estoy convencido que ningún pueblo puede progresar y fortalecer su desarrollo económico si pretende hacerlo mediante exenciones y privilegios contributivos a los que no son de aquí y más ganan, mientras les imponen a los de aquí, que menos ganan, las contribuciones que debían pagar los multimillonarios.

A fines de los setenta, y comienzos de los ochenta, sufrimos los efectos de la recesión que se desarrolló a nivel de los estados.

¿Y qué medidas económicas implementamos durante aquella recesión? Pues precisamente empezamos a cobrarle contribuciones a las empresas exentas por primera vez en nuestra historia y, con los ingresos adicionales, reformamos nuestro sistema de contribuciones sobre ingresos. Y también por primera vez en nuestra historia le reducimos las contribuciones a los trabajadores y empleados a sueldo, a los de ingresos medianos (clase media) y a las pequeñas empresas. Asimismo, eliminamos muchas de las contribuciones de consumo que había impuesto Rafael Hernández Colón.

Para salir de esta recesión, desarrollar nuestra economía y hacerle frente a la deuda, además de reducir los gastos gubernamentales en un 10%, tenemos que declarar inconstitucionales los decretos por tiempo fijo y aumentar las contribuciones a las empresas exentas. En el año fiscal 2015, ganaron $44.3 mil millones y pagaron solamente $1.7 mil millones en contribuciones. Si le reducimos la exención contributiva de 90% a 70% pagarían $5.3 mil millones, lo que nos produciría $3.6 mil millones de recaudos adicionales. Con esos ingresos eliminaríamos la reducción de jornada y las reducciones de pensiones que pretende imponernos la Junta de PROMESA. Además, tendríamos dinero para eliminar muchos de los impuestos de consumo excesivos —sino todos— que impiden nuestra recuperación económica.

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