Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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¿Vamos hacia la quiebra territorial?

Antonio Weiss, exasesor en el Tesoro de Estados Unidos y uno de los principales artífices de PROMESA, publicó hace unas semanas un artículo en el que insta a las autoridades a declarar ya la quiebra en Puerto Rico.

La de Weiss es una de muchas voces que plantean que la solución definitiva del problema de la deuda pública es iniciar lo más pronto posible los procesos de quiebra que se autorizan bajo el Título III de PROMESA. Es un tema que cobra más urgencia cada día que pasa, porque el impedimento legal para que los bonistas traten de cobrar a través de los tribunales vence el primero de mayo.

Como se sabe, PROMESA estableció dos vías principales para la renegociación de la deuda pública puertorriqueña. El llamado Título VI de la ley provee para la negociación de acuerdos con una mayoría de bonistas sobre los términos de la deuda a renegociarse: vencimientos, intereses y la quita de una parte del monto adeudado. La otra vía, establecida en el llamado Título III, le permite a la Junta de Supervisión Fiscal referir procesos de deuda a un tribunal federal que los manejaría como casos de quiebra.

Lo que dicen Weiss y otros conocedores de los aspectos técnicos del tema, es que el Título III es la vía a seguir. No se trata de un debate académico, ya que tanto el gobierno de Puerto Rico como la Junta han expresado su preferencia por la vía del Título VI, es decir, los acuerdos consensuados y no el tribunal.

Ambas vías tienen ventajas y desventajas, y algunos de los aspectos técnicos son difíciles de apreciar, pero el argumento principal de personas como Weiss es el tiempo: será muy difícil adelantar negociaciones bajo el Título VI en el poco espacio que queda antes de que venza la veda de litigios y los bonitas empiecen a correr a las cortes. La experiencia de los pasados años parece validar este punto de vista, ya que las conversaciones con bonistas que vienen realizándose desde la administración de García Padilla no han producido grandes avances, excepto en la AEE, donde ahora se quiere dar marcha atrás. Mientras tanto, hemos visto a grupos de bonistas demandando al gobierno y demandándose entre sí.

Aunque éste es un tema de gran interés público, no se puede esperar que la negociación de la deuda se haga en las páginas de los periódicos y en las ondas radiales. Ahora mismo, no sabemos exactamente qué les están planteando el gobierno y la Junta a los bonistas. Lo que sabemos es que las proyecciones del Plan Fiscal indican que después de todos los sacrificios propuestos quedarán unos 22 centavos para cada dólar de servicio de la deuda en los próximos diez años.

Muchos han interpretado esta proyección en el sentido de que los bonistas nos tendrán que perdonar el 78% de la deuda. Mi interpretación es que el 78% de la deuda es lo que estará sujeto a negociación; una parte se irá en la quita, o “haircut”, pero no todo. El resto quedará sujeto a un nuevo régimen de pagos, quizás, preferiblemente, con un nuevo instrumento que tenga algún tipo de endoso federal.

En el momento desesperante en el que nos encontramos, es natural que nos concentremos en quitarnos de encima esta pesada carga de la deuda pública. Pero no debemos olvidar que nuestro objetivo debe ser recuperar el buen crédito y poder regresar a los mercados financieros en condiciones más o menos normales. La forma en que se resuelva el problema —acuerdos consensuados o quiebra— afectará los términos de nuestro acceso al crédito en el futuro.

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