Jorge Farinacci Fernós

Punto de vista

Por Jorge Farinacci Fernós
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Veda electoral

En un año electoral, los puertorriqueños escuchamos anuncios que terminan con la coletilla: “Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones”. Esto es requerido por ley cada vez que una agencia de gobierno o municipio utiliza dinero público para anunciarse durante un año electoral.

A esto se le conoce como la “veda electoral”. Para evitar que el gobierno utilice dinero público para hacer campaña a su favor (generándose así una ventaja electoral indebida), la Ley Electoral exige que las agencias gubernamentales obtengan permiso de la CEE antes de anunciarse con dinero público.

La veda electoral surge de nuestra Constitución, la que prohíbe que se utilicen fondos públicos para un fin privado. Cuando una agencia o municipio usa dinero del pueblo para hacerse campaña o intentar obtener una ventaja electoral indebida, se entiende que se trata de un fin privado y, por ende, dicha actuación es inconstitucional. Esta prohibición aplica todo el cuatrienio, independientemente de si es año electoral.

Por eso, se supone que en ningún momento se utilicen los nombres de los alcaldes o gobernadores en los rótulos que anuncian obra pública o frases que suenen a eslogans de campaña, por ejemplo. Desafortunadamente, muchos funcionarios gubernamentales en Puerto Rico no obedecen este claro mandato constitucional y solo respetan la veda en el año electoral.

Durante el año electoral, la veda es más estricta. Primero, la prohibición sobre el contenido de los anuncios gubernamentales es más fuerte. Segundo, las entidades gubernamentales deben pedir permiso antes de anunciarse. Así, la CEE opera como filtro preventivo para asegurarse de que las agencias gubernamentales no hagan campaña política con fondos designados para dar servicios al pueblo.

Actualmente se debate en la Asamblea Legislativa un nuevo Código Electoral. Algunas de sus innovaciones son positivas. Pero entre los cambios que nos deberían preocupar es que la nueva ley eliminaría la autorización previa de la CEE sobre los anuncios de gobierno, transfiriendo esa facultad al Contralor Electoral. El problema con este cambio es que elimina el rol vital de los partidos de minoría de fiscalizar a los de mayoría. La principal ventaja de que la CEE apruebe los mensajes es que, como están representados todos los partidos políticos —tanto de mayoría como de oposición—, el sistema se asegura que los anuncios autorizados por la CEE sean aprobados por todos los partidos y que no incluyan ninguna ventaja indebida para los partidos de mayoría. No debemos perder esta herramienta valiosa que protege el dinero del pueblo.

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