Jorge Colberg Toro

Tribuna Invitada

Por Jorge Colberg Toro
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Verdadera autonomía municipal

En unas semanas comenzará un debate sumamente interesante sobre la posibilidad de elevar a rango constitucional la autonomía municipal. La convocatoria -hecha por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz- se recibió con entusiasmo aunque muchos se preguntan cuáles serán las implicaciones.

Con la creación de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, se estableció un orden legal que, si bien reconoce la figura de los municipios, dejó meridianamente claro que estos estarían subordinados a los poderes de la Asamblea Legislativa. Los delegados de la Constituyente no le reconocieron rango constitucional a la autonomía municipal. Desde entonces, las facultades de los municipios emanan de la delegación expresa de poderes por parte de la Asamblea Legislativa.

La aprobación de la Ley de Municipios Autónomos logró un paso importante al reconocer los principios de la autonomía municipal y la delegación de competencias. Permitió que los municipios tengan facultades administrativas, legales, fiscales y presupuestarias.

Asimismo, tienen autoridad sobre los procesos de permisos, adopción de códigos de orden públicos, planes de ordenamiento territorial, la calificación de suelos; compra de bienes, la imposición de ciertos tributos autorizados y la capacidad de expropiar. Aunque bajo el estatuto hubo adelantos, no es menos cierto que las facultades de los municipios se mantienen bajo la autoridad de la Asamblea Legislativa.

Ejemplo de ello son las leyes que eximen del pago de obligaciones como patentes, arbitrios o contribuciones sobre la propiedad sin el consentimiento de los municipios; igualmente, la continua delegación de responsabilidades y hasta la transferencia de instalaciones, sin incluir los fondos de operación.

Desde entonces, se plantea la pertinencia de elevar a rango constitucional la autonomía municipal que no es otra cosa que transferir o renunciar permanentemente a ciertos poderes de la Rama Ejecutiva y Legislativa sobre los municipios.

En 2008, los profesores Carlos Ramos y Luis Mario Negrón Portillo escribieron en la Revista Jurídica de la Universidad Interamericana el artículo “La Constitucionalización de la Autonomía Municipal”. Los autores examinaron los precedentes en Estados Unidos y detallaron los diferentes tipos de modalidades del concepto del “Home Rulling Powers” que son los poderes de los gobiernos locales reconocidos en las constituciones estatales.

Los autores explican que existen tres tipos de modalidades distintas a la hora de transferir poderes a los gobiernos locales usando un marco legal más robusto. La primera se refiere a las enmiendas constitucionales denominadas auto-ejecutables, que transfieren poderes a los gobiernos locales sin necesidad acción legislativa posterior; la segunda son las enmiendas no-autoejecutables, que reconocen poderes pero requieren acción legislativa prospectiva (como la celebración de referéndum cuando se pretende subir impuestos) y la tercera, la más común, son las transferencias de facultades a través de legislación.

Ramos y Negrón abogaron por una enmienda a la Constitución no-autoejecutable, la cual establecería que la Asamblea Legislativa esté impedida de imponer obligaciones fiscales a los municipios, sin que existan los recursos fiscales para asumirlos.

Otras entidades, como la Comisión Especial para el Estudio de la Descentralización (2015), el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la firma Estudios Técnicos (2016), concluyeron en sus análisis, que lo prudente es regionalizar servicios sin necesidad de enmendar la Constitución.

En resumen, el debate sobre el futuro de la autonomía municipal iniciará pronto y si se lleva de forma correcta y abierta, puede convertirse en el primer paso para lograr un nuevo modelo de gobierno que sea más efectivo, sensible y responsable. Ojalá se logre.

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