Pedro Reina Pérez

Tribuna Invitada

Por Pedro Reina Pérez
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Verdugos ambientales con gabán y corbata

A la memoria de Silvia Henríquez y Fernando Picó, S.J.

La violencia tiene muchas caras, y en Puerto Rico una buena parte de las agresiones contra la ciudadanía las cobijan bajo el manto de la ley.

La historia de estos eventos, en una colonia de explotación como la nuestra, es extensa. Baste decir que el entierro de cenizas de carbón en Peñuelas y Humacao, por encima de la evidencia científica que detalla su toxicidad y las objeciones de los ciudadanos, es la más reciente muestra de que la ley no es sinónimo de justicia. Por el contrario, quien tiene el dinero tiene el mollero para conseguir por vía de la legislatura lo que mejor se adecúe a sus necesidades, y quienes se opongan, serán tildados de izquierdistas, subversivos o revoltosos. Poco importa que lo que esté en juego sea la degradación permanente del ambiente mediante la contaminación de los acuíferos, o el empobrecimiento de la calidad del aire. El dinero compra la ley y la ley garantiza la violencia del estado, que siempre se pone al servicio de las grandes empresas—las mismas que seducen, sobornan y enriquecen a los funcionarios involucrados.

No es necesario que detalle cuán extensa es la literatura científica respecto al daño permanente de estos desperdicios porque otras voces más autorizadas ya lo han hecho. Además, basta recordar que la misma empresa AES, en su contrato inicial, acordó nunca depositar los desechos en Puerto Rico y transportarlos al extranjero. No hace falta ser científico para saber el porqué, pero quien todavía tenga dudas, hará bien en leer el reportaje del Centro de Periodismo Investigativo sobre la comunidad Arroyo Barril en República Dominicana, herida mortalmente por el depósito de estas mismas cenizas generadas en la planta de Guayama de la AES. El relato es una verdadera historia de desidia y horror. Empero, uno pensaría que ante esta evidencia destacada, el gobernador y los legisladores actuarían con mayor celo pero ha sido justo lo contrario: represión y condena. Por eso acaso convenga repasar dos instancias recientes en las que el envenenamiento con bendición gubernamental incluída, cobró su saldo en salud y vidas.

Durante décadas la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) operó su plantas de Puerto Nuevo y Palo Seco con combustible que no cumplía con las especificaciones ambientales, violando consistentemente los estándares de emisión de mercurio y tóxicos de aire. Las plantas generadoras operaban con combustible de la peor calidad—que era el más barato—y que contenía hasta 3% de azufre, emitiendo por sus chimeneas un particulado que era tres veces más alto de lo permitido. Esto fue posible porque la Junta de calidad ambiental manipuló los datos para permitirle a la AEE exceder los niveles de contaminación, con resultados nefastos para toda la cuenca de la bahía de San Juan y particularmente Cataño, donde los niveles de enfermedades respiratorias y cáncer en la gente, fueron escandalosos. Una demanda millonaria y fuertes multas fueron necesarias para detener este envenenamiento deliberado.

Quien no esté convencido de que la muerte por contaminación ambiental viste gabán y corbata puede darse una vuelta por el lado oriental de Vieques, vedado permanentemente al contacto humano tras seis décadas de bombardeo incesante por la Marina estadounidense. Aquel terrateniente uniformado hizo de Vieques una cloaca de mar y sol, con el consentimiento del gobierno puertorriqueño que nada hizo para evitar el intoxicamiento de los viequenses. Y todo esto al amparo de las leyes.

Consumado el oprobio en Peñuelas y Humacao por fiat legislativo, es imperativo denunciar en organismos internacionales este crimen de lesa humanidad. Estos señores tienen nombre y apellido. Duro con ellos.

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