Osvaldo Carlo

Punto de vista

Por Osvaldo Carlo
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Veredictos unánimes: efecto en las víctimas y el sistema de justicia

En Puerto Rico existe una mayor confianza en el sistema de justicia federal que en el estatal. Cada vez que los federales asumen jurisdicción en un caso de impacto público, la percepción general es que el caso cayó en el mejor sistema de justicia. 

La diferencia principal entre los dos sistemas de justicia estriba en las reglas de procedimiento criminal. A nivel federal, la acusación la emite un Gran Jurado. Los investigados no tienen derecho a comparecer ante el Gran Jurado para defenderse y usualmente desconocen que son objeto de investigación 

Luego de su arresto, el acusado es llevado ante un magistrado, se realiza la lectura formal de la acusación, se lleva a cabo el descubrimiento de prueba y luego se celebra el juicio. 

En nuestro sistema procesal criminal se somete una denuncia y se celebra una vista de causa probable para el arresto. En esta vista, el imputado tiene derecho a ser representado por un abogado, a quien se le permite contrainterrogar a testigos y argumentar en contra de la determinación de causa. Si el magistrado no encuentra causa para el arresto, el fiscal se podría ver obligado solicitar una vista en alzada.

Luego de que se determina causa para el arresto, el imputado tiene derecho a una vista preliminar. En esta vista, el imputado está representado por un abogado. Si el juez no encuentra causa, el fiscal podría verse obligado a solicitar una vista preliminar en alzada.

En resumen, la acusación que un fiscal federal consigue ante un Gran Jurado, en secreto y sin la participación del investigado ni de su abogado, a un fiscal estatal le puede representar hasta cuatro vistas. El acusado tiene dos turnos al bate para lograr la desestimación de su caso antes que se radique la acusación. 

Puerto Rico es una de las jurisdicciones de los Estados Unidos que más derechos y salvaguardas procesales otorga a los imputados en casos criminales. Ni la vista de determinación de causa para el arresto ni la vista preliminar son eventos procesales requeridos por la Constitución federal. 

Por lo anterior, nos parece irónico que en las vistas sobre la legislación dirigida a permitir que “todos” aquellos convictos por un jurado mayoritario tengan el derecho a solicitar un nuevo juicio, un legislador confronte a la secretaria de Justicia con el argumento de que en Puerto Rico “el imputado está en desbalance total con el Estado”. Quizás se pueda argumentar que dicho desbalance existe en lo federal, pero jamás en lo estatal.  

La legislación que otorga a todos los convictos de delito grave un nuevo juicio, cuando el veredicto no fue unánime, es un balde de agua fría para las víctimas y sus familiares, al igual que para los fiscales que procesaron estos casos. La legislación propuesta no cuenta con un estudio sobre el número de casos que impactará, sobre cuántos casos tendrían que ser desestimados por falta de evidencia que no se encuentra disponible, ni toma en cuenta el costo a un país en quiebra.  

Extender el derecho a un nuevo juicio a los convictos en casos que ya son finales y firmes no es un requisito impuesto por el Tribunal Supremo federal; es estrictamente nuestra decisión de pueblo. Tampoco hay el más mínimo indicio de que el Supremo federal en un futuro habría de extender este derecho a todos los convictos. El Supremo expresó que los ataques colaterales a las sentencias no estaban ante su consideración. Los precedentes claramente establecen que el Supremo toma en consideración el impacto de sus determinaciones en el sistema de justicia y sus decisiones sobre asuntos procesales nunca han sido aplicables a casos finales y firmes.  

Nuestro país ya tiene legislada salvaguardas procesales para los acusados que exceden los requisitos de la Constitución federal. Además, ahora los fiscales tendrán que lidiar con veredictos unánimes. Hay que velar por los derechos de los acusados, algo que ya hemos hecho muy bien en un país de alta incidencia criminal. Por otro lado, no se puede perder de vista de que hay que mantener bien nivelada la balanza de la justicia.

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